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Estados Unidos confirmó este martes una nueva operación militar extrajudicial en el Pacífico colombiano, donde fuerzas bajo el Comando Sur (SOUTHCOM) atacaron una embarcación identificada como “narcolancha”, matando a dos personas. Se trata del octavo ataque desde el inicio de la campaña lanzada por la administración Trump contra supuestos objetivos vinculados al narcotráfico, una operación que ya acumula al menos 34 civiles muertos, según medios estadounidenses.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que la acción fue ejecutada por unidades navales que “neutralizaron a narcoterroristas que intentaban introducir drogas hacia territorio estadounidense”. En una publicación en X, Hegseth aseguró que “no habrá refugio ni perdón, solo justicia”, sin ofrecer pruebas sobre la carga de la embarcación ni la identidad de las víctimas.
Un ataque que agrava la tensión entre Washington y Bogotá
El nuevo incidente agrava la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, luego de que el presidente Donald Trump calificara a su par colombiano, Gustavo Petro, como “un líder del narcotráfico”. Petro, por su parte, acusó a Washington de violar la soberanía colombiana, denunciando que varias de las operaciones recientes se produjeron en aguas territoriales de su país.
Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado ataques en el Caribe y ahora también en el Pacífico Sur, donde operan tanto cárteles como grupos armados irregulares, incluyendo facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque el Pentágono afirma que las acciones se amparan en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles, senadores demócratas y republicanos cuestionan la legalidad de estas operaciones, ejecutadas sin autorización del Congreso.
Escalada regional y despliegue militar del Comando Sur
El ataque se produce en medio de un despliegue sin precedentes del Comando Sur, que incluye una flota de guerra con un submarino nuclear y 10.000 efectivos desplegados entre el Caribe y el Pacífico. Según el Pentágono, la estrategia busca “proteger los intereses estadounidenses” y “garantizar la seguridad en el hemisferio occidental”, aunque diversos analistas consideran que se trata de una proyección militar orientada a presionar políticamente a Petro y a contener la influencia de Venezuela en la región.
En paralelo, Trump ha reiterado que su gobierno mantendrá los ataques unilaterales bajo una ley de la década de 1970 que permite operaciones militares de hasta 90 días sin aprobación legislativa. El plazo vencería en noviembre, pero la Casa Blanca ya evalúa extenderlo.
Riesgos diplomáticos y repercusiones humanitarias
La ofensiva ha despertado preocupaciones internacionales por el uso de fuerza letal sin verificación de objetivos ni rendición de cuentas. La ONU y organizaciones de derechos humanos han pedido a Washington que suspenda los ataques hasta que se determine su legalidad y el número de víctimas civiles.
Para Colombia, el episodio representa un desafío de soberanía y gobernabilidad, en momentos en que su relación con Washington es clave en materia de cooperación antinarcóticos y asistencia económica.
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