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El diputado federal Kim Kataguiri (União-SP) presentó una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que permitiría a Brasil desarrollar armas nucleares con fines de disuasión, marcando un giro radical en la política de defensa del país. La iniciativa elimina de la Constitución de 1988 la cláusula que restringe el uso nuclear a propósitos pacíficos y autoriza su empleo ante amenazas de conquista territorial o el uso de armas de destrucción masiva contra la nación. La propuesta reabre un debate histórico sobre la soberanía, la seguridad y el papel de Brasil en la arquitectura global de no proliferación nuclear.
Una ruptura con la tradición diplomática brasileña
Desde la promulgación de la Constitución de 1988, Brasil se consolidó como un actor comprometido con el uso pacífico de la energía nuclear, participando activamente en tratados internacionales de no proliferación y en el fortalecimiento del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe armas nucleares en América Latina. La PEC presentada por Kim Kataguiri rompe con ese consenso, al proponer que el país pueda producir y utilizar bombas atómicas en situaciones de grave amenaza a su integridad territorial o ante ataques con armas de destrucción masiva.
Kataguiri argumenta que el contexto internacional actual exige una reconfiguración geopolítica, en la cual la capacidad de disuasión es fundamental para garantizar la seguridad nacional. Según el diputado, la propuesta no busca fomentar el belicismo, sino preservar la paz “por medio de la fuerza”, invocando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de autodefensa. No obstante, la iniciativa genera preocupación en el ámbito diplomático y académico, donde se teme que el cambio
El Tratado de Tlatelolco y el dilema de la legalidad nuclear brasileña
La propuesta de Kataguiri choca directamente con el Tratado de Tlatelolco, un acuerdo histórico firmado en 1967 que consolidó a América Latina como la primera zona libre de armas nucleares del mundo. En virtud de su Artículo 1, los Estados parte (entre ellos Brasil) se comprometen a utilizar la energía nuclear exclusivamente con fines pacíficos y a prohibir toda forma de fabricación, posesión o uso de armas nucleares en sus territorios.
Este tratado, administrado por el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), es un pilar de la diplomacia regional que ha garantizado por más de medio siglo una política de no proliferación activa y de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Al proponer la retirada de Brasil de estos tratados, Kataguiri no solo desafía un consenso hemisférico, sino que también erosiona los fundamentos del derecho internacional regional.
El Tratado de Tlatelolco fue concebido precisamente para evitar que el continente se convirtiera en un escenario de la carrera armamentista global, advirtiendo que la mera existencia de armas nucleares en la región podría convertir a sus países en objetivos de ataques nucleares y desviar recursos esenciales para el desarrollo social y económico. De aprobarse la PEC, Brasil se situaría al margen de uno de los compromisos multilaterales más emblemáticos del hemisferio, abriendo un debate sin precedentes sobre el equilibrio entre soberanía, disuasión y responsabilidad internacional.
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