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El presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que oficializa la denuncia de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, así como de sus protocolos adicionales. Con esta decisión, Rusia deja de estar sujeta a uno de los mecanismos internacionales más relevantes en materia de control de condiciones de detención y prevención de abusos en sistemas penitenciarios.
La medida, publicada en el portal legal del gobierno ruso, implica que inspectores internacionales ya no podrán ingresar sin previo aviso a cárceles y colonias penales, y que los reclamos de los presos rusos no serán considerados por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT).
Un quiebre con la arquitectura europea de derechos humanos
La Convención, firmada en 1987 y vigente desde 1989, creó un mecanismo único en el mundo: expertos independientes podían realizar visitas sorpresa a centros de detención, entrevistar a internos y autoridades y publicar informes con recomendaciones vinculadas a estándares internacionales de derechos humanos. Rusia se adhirió en 1996, durante su período de integración con el Consejo de Europa, lo que abrió un espacio de escrutinio externo a sus instituciones penitenciarias.
Sin embargo, la relación entre Moscú y Estrasburgo se deterioró progresivamente, hasta llegar a la expulsión de Rusia del Consejo de Europa en 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania. El Kremlin argumenta que la retirada de la convención responde a la supuesta “imposibilidad de participar plenamente” en el mecanismo y al bloqueo de la designación de un representante ruso en el CPT.
Impacto en el contexto bélico y penitenciario
El momento de la denuncia no es casual. En febrero de 2025, el Wall Street Journal reveló testimonios de exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal que aseguraban que, tras la invasión a Ucrania, se levantaron todas las restricciones al uso de la violencia contra prisioneros de guerra ucranianos. La salida de la convención elimina cualquier vía de monitoreo internacional independiente sobre estas denuncias.
Esto abre la puerta a un vacío de rendición de cuentas que preocupa a organizaciones de derechos humanos. Sin el paraguas del CPT, la comunidad internacional pierde un canal institucionalizado para verificar condiciones de detención en Rusia, justo cuando el país enfrenta acusaciones de abusos sistemáticos contra civiles y prisioneros en el marco de la guerra.
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