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El gobierno de Estados Unidos inició esta semana vuelos especiales de deportación de ciudadanos argentinos, en un operativo marcado por la reserva oficial y el silencio diplomático de la administración de Javier Milei. La medida coincide con un momento de redefinición de la relación bilateral, atravesada por negociaciones comerciales, acuerdos de seguridad y la expectativa por un encuentro presidencial aún pendiente entre Milei y Donald Trump.
Tal como pudo exponer Natasha Niebieskikwiat en Clarín, un Boeing 767-300 de la aerolínea Omni Air International traerá al país a un grupo de argentinos acusados de violar la ley federal estadounidense —delitos migratorios, robos y agresiones sexuales— en un vuelo que hará escala en Bogotá y Belo Horizonte antes de aterrizar en Ezeiza. Si bien no existe confirmación oficial sobre el número exacto, se estima que llegarían al menos 16 deportados en este primer operativo, mientras que en total ya habrían sido repatriados más de 300 argentinos desde que Trump endureció sus políticas migratorias.
Omni Air International, contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha sido responsable de vuelos similares hacia Brasil y otros países de la región. Se trata de aeronaves con capacidad para 247 pasajeros, utilizadas específicamente para el traslado de personas detenidas por infracciones a la legislación estadounidense. Las escenas descriptas en diferentes operativos recientes incluyen detenciones en la vía pública, esposas y traslados en condiciones de fuerte custodia, lo que refuerza el carácter disuasivo de la política migratoria.
Silencio oficial y tensiones bilaterales
La Cancillería argentina y la Embajada en Washington, encabezada por Alec Oxenford, optaron por no emitir protesta formal, en contraste con las reacciones de otros gobiernos latinoamericanos frente a medidas similares. El hermetismo responde al interés de Milei en preservar la sintonía política con Trump, en un contexto en el que todavía no se ha concretado la esperada reunión bilateral ni avances sustantivos en materia arancelaria, donde rige un 10% que afecta al comercio argentino.
El trasfondo migratorio se superpone con las discusiones por la inclusión de Argentina en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program). El acuerdo preliminar, firmado en julio por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, establece compromisos en materia de control de identidad y cooperación en seguridad. Sin embargo, las internas dentro del gabinete estadounidense, sumadas a los movimientos unilaterales de deportación, ponen en duda la velocidad con la que el proceso podría avanzar.
Deportaciones y campaña política
El endurecimiento migratorio de Trump se inscribe en una estrategia de mayor alcance político y comunicacional. Desde hace semanas, medios argentinos difunden una campaña publicitaria contratada por el propio gobierno estadounidense, en la que se amenaza con la deportación inmediata a quienes residan de forma irregular en su territorio. En paralelo, la administración republicana vincula el control migratorio con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, buscando mostrar firmeza en la agenda de seguridad.
Para Buenos Aires, la situación plantea un delicado equilibrio: acompañar la estrategia de su principal aliado internacional en materia de seguridad y comercio, sin exponerse a un costo político interno por la falta de protección a sus ciudadanos en el exterior. El hermetismo oficial, hasta el momento, confirma que el gobierno argentino prioriza la estabilidad del vínculo con Washington antes que el reclamo diplomático.
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