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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil impuso al expresidente Jair Bolsonaro una serie de medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales y la obligación de cumplir arresto domiciliario. La decisión, firmada por el juez Alexandre de Moraes, se enmarca en la causa que investiga el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas irrumpieron en los edificios de los tres poderes en Brasilia.
Además de las restricciones personales, Bolsonaro no podrá mantener contacto con otros investigados en la causa, incluidos sus hijos Carlos y Eduardo Bolsonaro, así como con embajadores y diplomáticos. Agentes de la Policía Federal realizaron un operativo en su residencia en Brasilia, donde incautaron aproximadamente 14.000 dólares. “Son dólares que declaré o serán declarados”, afirmó el exmandatario a la prensa.
Bolsonaro no abandonará el país
En declaraciones públicas tras la decisión del STF, Bolsonaro calificó las medidas como una “máxima humillación” y denunció una “persecución” en su contra. “No hay nada que me coloque en un plano golpista. Ese golpe no existió. Me acusan de intentar un golpe sin armas, sin fuerzas armadas, sin nada”, señaló. También aseguró que no abandonará el país: “Me voy a quedar en Brasil. Ya tengo 70 años, varios problemas de salud. Es una injusticia. Quieren eliminar a un líder de la derecha conservadora de las elecciones del año que viene”.
La defensa legal del exmandatario emitió un comunicado en el que expresó su “sorpresa e indignación” por las medidas impuestas. “Hasta ahora, Bolsonaro ha cumplido con todas las determinaciones del Poder Judicial”, señalaron sus abogados. En tanto, su hijo Eduardo Bolsonaro denunció en redes sociales que el juez Moraes “redobló la apuesta” con nuevas restricciones, acusándolo de actuar por motivos políticos.
La investigación, impulsada por el STF, busca determinar si Bolsonaro y al menos siete de sus colaboradores planificaron o promovieron el intento de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque el expresidente niega cualquier implicancia directa, el tribunal considera que existen elementos suficientes para imponer medidas preventivas, en especial ante la posibilidad de que pueda influir en testigos o en el curso del proceso judicial.
Crece la tensión interna en Brasil
El caso representa un momento decisivo en la política brasileña. Si bien Bolsonaro ya fue inhabilitado por ocho años para ocupar cargos públicos en una causa electoral separada, esta nueva investigación por intento de golpe de Estado podría derivar en una condena penal. En un contexto de fuerte polarización, el avance de las causas judiciales contra el exmandatario genera tensión entre las instituciones democráticas y sus sectores de apoyo.
Trump defiende a su aliado de derecha
Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su aliado Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil, “no es culpable de nada”, en referencia a los juicios que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023. La declaración, publicada en su red social Truth Social, generó un inmediato rechazo por parte del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien denunció la “injerencia” y reafirmó la soberanía del país sudamericano.
Además, anunció la imposición de aranceles del 50% a las importaciones provenientes de Brasil, una medida que, lejos de obedecer a consideraciones estrictamente comerciales, responde a un gesto de apoyo político a Bolsonaro. La decisión, publicada también en Truth Social, refuerza el vínculo ideológico entre ambos líderes y abre un nuevo frente de tensión diplomática entre Washington y Brasilia.
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