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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) argentino recibió hasta la fecha catorce solicitudes de proyectos que, en conjunto, superan los USD 16.500 millones en compromisos de inversión. Según el informe presentado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos ante el Senado, el gobierno busca atraer capital para sectores estratégicos como la energía, minería y siderurgia, en un contexto de fuga récord de Inversión Extranjera Directa (IED).
Avances concretos y sectores clave
Cuatro de los catorce proyectos presentados ya fueron aprobados, con inversiones estimadas en USD 13.200 millones. Estos incluyen el desarrollo de un parque solar en Mendoza, minería de litio en Salta, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y un proyecto de GNL en Río Negro. El Ministerio de Economía detalla que los sectores con más actividad bajo el RIGI son la energía eléctrica, la minería de litio y el desarrollo hidrocarburífero, con montos que oscilan entre los USD 207 millones y los USD 6.878 millones por proyecto.
Los beneficios otorgados por el RIGI, que incluyen incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros, fueron clave para captar la atención de inversores extranjeros y grandes compañías. En respuesta, quince provincias argentinas ya adhirieron al régimen mediante normativas propias, en un intento por posicionarse como destinos atractivos para el capital productivo. Esta articulación entre Nación y provincias busca generar seguridad jurídica, facilitar el acceso a infraestructura y asegurar un entorno predecible para el desarrollo de megaproyectos que impulsen empleo, exportaciones y divisas genuinas en el mediano y largo plazo.
Quién puede acceder al RIGI y bajo qué condiciones
El RIGI no solo se apoya en montos de inversión significativos y sectores prioritarios, sino que establece una estructura legal sólida, orientada a ofrecer certeza jurídica a largo plazo. El régimen está disponible para proyectos que sean ejecutados por vehículos de propósito específico (SPV) y que superen montos mínimos de inversión (USD 300 a 2.000 millones, según el sector). Estos deben comprometer al menos el 40% del total en los primeros dos años.
Los beneficios abarcan reducciones de impuestos a las ganancias (25%) y a los dividendos (3,5%), estabilidad fiscal por 30 años, amortización acelerada, libre disponibilidad de divisas y exenciones arancelarias, entre otros. A su vez, las provincias y municipios adherentes no pueden aplicar normas que distorsionen los incentivos otorgados, y cualquier cambio normativo posterior que los afecte será considerado nulo. En un contexto de controles cambiarios estrictos, el RIGI ofrece condiciones excepcionales para la repatriación de capitales, dividendos y pagos de deuda al exterior.
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