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El ataque terrorista en una iglesia de Damasco incrementó las tensiones internas y encendió las alarmas sobre la fragilidad de la transición en Siria, tras la reciente caída del régimen de Bashar al-Assad. La explosión, que dejó al menos 25 muertos y más de 60 heridos, fue el atentado más letal desde que el nuevo gobierno tomó el poder en diciembre. Mientras miles de refugiados sirios y desplazados internos inician el esperado regreso a sus hogares, la persistente violencia sectaria, la inestabilidad política y la ausencia de servicios básicos ponen en duda la viabilidad de una paz duradera. La reconstrucción nacional se perfila como una tarea monumental en un país profundamente dañado.
Un nuevo ataque que sacude los cimientos de la transición
El gobierno de transición, liderado por Ahmed al Sharaa atribuyó el ataque al Estado Islámico, aunque diversos analistas han cuestionado la rapidez del diagnóstico. El objetivo de un templo cristiano en pleno servicio dominical no parece casual. Al contrario, señala un patrón preocupante: la violencia sectaria se ha intensificado en las últimas semanas, con ataques también a comunidades alauíes y drusas. En este contexto, ningún grupo, por más minoritario o moderado que sea, está a salvo.
Más allá del impacto inmediato, el atentado deja al descubierto las limitaciones del nuevo aparato de seguridad sirio, fragmentado entre milicias locales, unidades improvisadas y una policía con escasa preparación. La fragilidad institucional genera incertidumbre, empujando a muchas comunidades a buscar protección fuera del Estado. Este nuevo ciclo de violencia amenaza con deshacer los primeros pasos hacia una Siria pluralista y en paz.
Medio millón de sirios regresa a un país sin garantías
Paradójicamente, el atentado ocurre en un contexto de retorno masivo de refugiados y desplazados. esde la caída del régimen en diciembre de 2024, más de 500.000 refugiados han regresado desde el extranjero y cerca de 1,2 millones de desplazados internos han vuelto a sus hogares o regiones de origen, según cifras de ACNUR. Muchos llegan a ciudades reducidas a escombros, sin servicios básicos, sin electricidad, sin agua ni trabajo.
La inseguridad sigue siendo un obstáculo central. Aunque el régimen ya no existe, la violencia no da tregua. Entre enero y mayo de 2025 murieron casi 3.000 civiles por ataques sectarios, explosivos sin detonar o bombardeos. Las comunidades alauíes, por ejemplo, siguen huyendo de las represalias en zonas costeras. La falta de cohesión social entre quienes se quedaron, quienes huyeron y quienes crecieron en el exilio, también complica la reconciliación.
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