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La flota pesquera de altura de la República Popular China se ha convertido en una de las principales preocupaciones para América Latina en materia de seguridad marítima, ambiental y económica. Conformada por más de 3.000 embarcaciones y subsidiada con al menos 7.000 millones de dólares anuales, esta fuerza opera en alta mar con una lógica que combina eficiencia industrial con opacidad operativa.
Según datos de FAO, China concentra cerca del 15 % de la pesca global en zonas marinas, siendo líder en la captura de cefalópodos. Esta posición dominante no se explica sólo por capacidad pesquera, sino también por una red que combina prácticas de pesca no declarada, no reglamentada e incluso ilegal (INDNR), con condiciones laborales abusivas y prácticas de camuflaje sistemático.
A través de empresas estatales como la CPNC y con apoyo logístico portuario en países del Sur Global —como Sri Lanka, Perú o Uruguay— la estrategia china avanza en zonas clave como el Pacífico suroriental y el Atlántico sudoccidental.
Impacto en América Latina y los desafíos regulatorios
En los últimos años, la actividad de la flota potera china frente a las costas de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú y Chile ha sido denunciada por prácticas de sobrepesca, evasión de controles y explotación laboral. Los barcos operan justo fuera de las ZEE nacionales, donde, bajo la Convención del Mar de 1982, rige la libertad de pesca, permitiéndoles actuar sin restricciones de cuotas ni obligaciones de desembarco. Informes recientes confirman que en estas áreas llegan a operar entre 300 y 700 embarcaciones simultáneamente.
Las consecuencias de esta presencia son múltiples: pérdida de recursos pesqueros nacionales, presión sobre ecosistemas marinos, debilitamiento de las industrias locales y aumento de la competencia desleal.
Pese a los intentos por reforzar los controles, las capacidades nacionales de fiscalización resultan insuficientes frente al despliegue masivo y sofisticado de esta flota.
El uso de Montevideo como base logística, junto con acuerdos provinciales como los firmados por Santa Cruz en Argentina, han generado un debate sobre la conveniencia de brindar apoyo a una flota que opera en condiciones irregulares y sin control real. La posibilidad de que empresas chinas dominen ahora más del 60 % de la flota potera de bandera argentina refuerza las alertas sobre el control extranjero del mercado de calamar, un recurso estratégico para la economía nacional.
Violaciones a los derechos humanos y condiciones laborales extremas
La actividad pesquera china no sólo plantea desafíos ambientales y económicos, sino también humanitarios. Organismos como la OIT, la FAO y la OMI han documentado condiciones laborales extremas a bordo de los poteros y palangreros, donde el personal de planta y bodegueros —provenientes de sectores pobres de Asia o África— es sometido a jornadas prolongadas, abusos físicos y retención de documentación.
Un informe de la Environmental Justice Foundation (2017-2023) reveló que el 100 % de los tripulantes entrevistados denunciaron condiciones de vida abusivas, y más de la mitad refirió violencia física. Indonesia incluso llegó a encarcelar a ejecutivos de agencias de contratación por estas prácticas.
Camuflaje y evasión como norma estructural
Además de operar en un régimen de virtual extraterritorialidad, la flota china ha perfeccionado métodos de evasión como el uso de banderas de conveniencia (Vanuatu, Camerún), apagado del Sistema Automático de Identificación (AIS), naves gemelas, cambios de registro y empleo de buques nodriza (reefers) registrados en terceros países como Panamá.
Aunque existen organismos regionales como la Organización Regional de Administración Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), donde participan China, Perú, Ecuador y Chile, las acciones de control han sido limitadas. La mayoría de los intentos de inspección en alta mar dependen de la buena voluntad de los Estados miembros, lo que no siempre garantiza un cumplimiento efectivo de los protocolos establecidos.
Consecuencias geopolíticas para Argentina y la región
El Atlántico Sur es una región particularmente vulnerable. Además de las denuncias de pesca ilegal dentro de la ZEE argentina, se suma la creciente influencia de empresas chinas en la industria pesquera nacional, y el avance sobre acuerdos portuarios a nivel subnacional. La falta de una estrategia coordinada entre las provincias y el Estado Nacional favorece el establecimiento de enclaves logísticos chinos sin control efectivo.
La situación se agrava con la política de concesiones pesqueras del gobierno británico en las Islas Malvinas, que otorga licencias a buques de terceros países como Taiwán, sin que hasta ahora se hayan detectado registros de buques chinos continentales. Este esquema comercial paralelo refuerza el vacío de poder regional frente a las flotas extranjeras.
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