La compañía petrolífera israelí, Navitas Petroleum, confirmó la firma junto a un banco internacional para financiar su proyecto en las Islas Malvinas denominado Sea Lion (León Marino), que comparte junto a su socio británico Rockhopper. Se espera que este banco sea “la piedra angular” de la financiación del proyecto con capital adicional aportado por otros inversores, con el objetivo de continuar con los avances alcanzados hasta el momento y que habían sido pausados momentáneamente.

Cabe recordar que, recientemente, Navitas Petroleum postergó la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para la primera fase de desarrollo para la segunda mitad de 2025, debido a la falta de un plan financiero robusto que contemple deuda bancaria senior. Rockhopper había anunciado que se avanzó en la firma del mandato técnico y financiero con una entidad bancaria líder, pero la complejidad del cierre financiero desplazó la decisión final hacia el segundo semestre del año.
Ahora, los socios esperan completar la financiación bancaria en un plazo de seis meses. Así, la FID de la primera fase de desarrollo del proyecto podría concretarse a finales del 2025.
Antecedentes sobre el proyecto
El proyecto Sea Lion (León Marino), liderado por la empresa israelí Navitas Petroleum en asociación con la británica Rockhopper Exploration, está ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago en el Bloque 14/10, dentro de las licencias ilegítimas de producción PL032 y PL004b. Inicialmente, el socio era Harbour Energy, compañía que decidió abandonar el proyecto en septiembre de 2021, y luego Rockhopper, Harbour y Navitas firmaron en diciembre de 2021 para permitir una salida limpia de Sea Lion.
Este megaproyecto ilegal que tiene el Reino Unido de explotación petrolera en la cuenca norte de las Islas Malvinas proyecta un pico de producción de 150.000 barriles diarios. Contempla, a su vez, una infraestructura offshore basada en una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés), junto con dos campañas de perforación para las fases 1 y 2.

De acuerdo con el esquema actual, una FPSO reacondicionada será empleada para las dos primeras fases del área norte, mientras que un buque de mayores dimensiones será necesario para etapas futuras. En términos de costos, la primera fase asciende a 1.400 millones de dólares, pudiendo alcanzar una producción máxima de 55.000 bbl/d.
La producción se proyecta con un crecimiento exponencial de 150.000 bbl/d una vez desarrolladas todas las fases. A futuro, también se contempla el desarrollo del campo Isobel-Elaine, al sur del bloque actual, lo que podría agregar aún más volumen al portfolio energético ilegal del Reino Unido en la región.
Los pocos cuestionantes a la ilegalidad del proyecto
En detalle, un informe de recursos realizado por Netherland Sewell & Associates (NSAI) en nombre de Navitas, clasificó los recursos en 3 áreas: Áreas de Desarrollo Norte, Central y Sur. Este documento detallaba que los recursos petrolíferos recuperables brutos de esta cuenca aumentaron de 791 millones de barriles a 917 millones de barriles.
Por esa razón, el desarrollo del proyecto se divide en fases. Por ejemplo, en el Área Norte, la Fase 1 contempla la perforación de 11 pozos con un total de 170 millones de barriles, la Fase 2 sumará 12 pozos adicionales con 149 millones de barriles, y la Fase 3 añadirá 16 pozos más con una producción estimada de 95 millones de barriles.

Sin embargo, la cuestión más importante en torno a los avances del proyecto recae en que la explotación del campo Sea Lion envuelve dinámicas geopolíticas más complejas. Primero que nada, debe calificarse como explotación ilegal de recursos en un territorio reclamado soberanamente por la Argentina, país que ha realizado múltiples críticas y denuncias por el accionar unilateral del Reino Unido. En simultáneo, Sea Lion es administrado por empresas extranjeras con licencias británicas, también consideradas ilegales por el Gobierno argentino.
Sin embargo, Argentina sigue sin emitir comentarios oficiales por el proyecto en el que el Reino Unido, ilegal y unilateralmente, está avanzando. Pese a las noticias recientes, la actual administración no ha tomado medidas concretas ni desde la Presidencia ni desde la Cancillería.
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