Investigaciones revelan que el tráfico y robo de combustible en México ya alcanza 24 millones de dólares diarios. Según estimaciones de PetroIntelligence, compañía mexicana de inteligencia de mercado, esta coyuntura costó al Estado Mexicano aproximadamente 177 mil millones de pesos en ingresos fiscales. Esta cifra equivale al 44% de los impuestos recaudados de las ventas de gasolina y diésel en el país norteamericano en 2024.
Evasión fiscal: la otra cara del contrabando de combustible
El informe de PetroIntelligence expone que el contrabando fiscal equivale a cerca del 30% del combustible expendido en estaciones de servicio, en concordancia con los datos del Servicio de Administración Tributaria. A esto se suman las pérdidas diarias por robo de combustible reportadas por Pemex, empresa estatal petrolera de México, que rondan los 900 mil dólares, evidenciando la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades para frenar estas prácticas ilegales.
El reporte en cuestión menciona que, en el caso de que se lograra frenar el contrabando fiscal en la comercialización de gasolinas y diésel en México, el Estado podría recaudar hasta 177,170 millones de pesos anuales en impuestos, lo que permitiría reducir el precio de los combustibles en 2.83 pesos por litro durante este año.
“Huachicoleo” o el por qué el robo de combustible no es una novedad en México
A diferencia del robo convencional de combustible, que se realiza mediante tomas clandestinas en los ductos de Pemex, el llamado “huachicoleo” implica el ingreso de hidrocarburos al país, principalmente desde Estados Unidos, sin pagar los impuestos correspondientes. En este esquema delictivo, se utilizan declaraciones aduaneras falsas que ocultan la verdadera naturaleza del producto transportado.
Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) afirmó que su administración había prácticamente eliminado el robo de combustible, especialistas han cuestionado la efectividad real de las medidas adoptadas, sobre todo ante el crecimiento del contrabando en los últimos años.
Entre el 28 y el 31 de marzo de 2025, autoridades federales mexicanas llevaron a cabo dos operativos en los puertos de Ensenada (Baja California) y Altamira (Tamaulipas), donde confiscaron más de 18 millones de litros de diésel y otros hidrocarburos que habían ingresado al país de forma irregular.
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