El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el miércoles que su país aceptará migrantes de otras naciones que sean deportados desde Estados Unidos. Este segundo acuerdo, que fue alcanzando durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Centroamérica, contempla también que los deportados sean retornados a sus países de origen con financiamiento de Estados Unidos.
“Hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de deportados tanto de nuestra nacionalidad como de deportados de otras nacionalidades”, dijo Arévalo en rueda de prensa con Rubio, citada por Military. Según datos revelados por dicho medio, desde que comenzó la política de deportación de Trump, Guatemala recibe entre siete y ocho vuelos semanales con ciudadanos guatemaltecos deportados provenientes de Estados Unidos.
Con este nuevo acuerdo, se busca incrementar la capacidad para que Guatemala reciba también a inmigrantes de otras nacionalidades, quienes posteriormente serán repatriados a sus países de origen. Asimismo, se prevé que la financiación de toda la logística corra por cuenta del Gobierno de Estados Unidos, como parte de su plan más amplio para abordar la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza.
Además de este acuerdo de deportación, Arévalo anunció la formación de una nueva fuerza de seguridad fronteriza que patrullará las fronteras de Guatemala con Honduras y El Salvador. Esta fuerza, compuesta por policías y militares, tendrá como objetivo combatir el crimen transnacional en todas sus formas.
Este segundo acuerdo con Guatemala, refuerza el objetivo migratorio de Estados Unidos
Este es el segundo acuerdo de deportación que Rubio aseguró durante su gira por Centroamérica, enfocada principalmente en temas migratorios. Previamente, El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, acordó aceptar migrantes deportados estadounidenses de cualquier nacionalidad, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales encarcelados por delitos violentos. Sin embargo, tanto Trump como Rubio reconocieron las complejidades legales de enviar ciudadanos estadounidenses a otro país para ser encarcelados.
En este sentido, Rubio también habló el miércoles con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para discutir formas de asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, combatir el fentanilo y las organizaciones criminales transnacionales y poner fin a la inmigración ilegal, según un comunicado del Departamento de Estado.
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