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Este viernes, la Fiscalía de Venezuela anunció que el gendarme argentino arrestado en el país a principios de diciembre, Nahuel Agustín Gallo, fue procesado por estar vinculado con “acciones terroristas”. Según un reciente comunicado del Ministerio Público venezolano, el gendarme “ocultaba un plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.
Gallo había informado que arribaba a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo, aunque las autoridades lo han sometido a una investigación por vínculos con personas de ultraderecha internacional acusadas de realizar acciones “desestabilizadores y terroristas” en el país. El texto, firmado por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, reza que las acciones del gobierno argentino muestran “complicidad” con esos planes subversivos.
En este contexto, posterior al arresto del gendarme de 33 años comunicado por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, el titular de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, acusó al gobierno argentino de estar vinculado con un presunto plan terrorista. Esta acusación puede sin dudas afectar aún más las ya debilitadas relaciones diplomáticas bilaterales.
Los detalles del procesamiento
El comunicado del Ministerio Público, posteado en redes sociales como Instagram, afirma que Gallo “ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”. El procesamiento del gendarme, por “vinculación a acciones terroristas en Venezuela”, ocurre luego de haberse cumplido con los plazos procesales correspondientes según el Código Orgánico Procesal Penal del país.
“Dicho ciudadano se encuentra sometido a la respectiva investigación por su vinculación a un grupo de personas que intentaron desde nuestro territorio y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas. El precitado imputado está a disposición del juez en base a lo establecido por nuestra Constitución y las leyes nacionales”, afirma el documento.
Además, bajo el argumento de que la Fiscalía y los Poderes Públicos de Venezuela trabajan con el “supremo deber de preservar y defender la paz y la soberanía” del país, el Ministerio Público acusó al gobierno argentino por complicidad. “Las declaraciones y acciones realizadas por el gobierno argentino, utilizando a los familiares del procesado, así como la resolución judicial tomada por la Cámara Federal de Mendoza, dejan clara la complicidad de las autoridades de esa Nación en los planes subversivos que buscan atacar por cualquier vía al Estado venezolano y a sus instituciones legítimas”, puntualiza.
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