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El parlamento de Israel debate un proyecto de ley que, de aprobarse, prohibiría a la Agencia de la ONU para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) trabajar dentro de sus fronteras. Este organismo, que asiste a refugiados palestinos en Gaza, la Ribera Occidental, Jordania y el Líbano, viene siendo objeto de críticas por parte de Israel, que lo acusa de presuntos vínculos con Hamás.
En este sentido, diversos países, incluyendo Estados Unidos, expresaron su preocupación sobre el impacto de esta medida. Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y Reino Unido emitieron un comunicado advirtiendo que, sin la intervención de UNRWA, servicios esenciales como educación, atención sanitaria y distribución de combustible en Gaza y la Ribera Occidental se verían gravemente afectados.
La legisladora israelí, Yulia Malinovsky, promotora del proyecto, fue contundente en sus críticas hacia UNRWA, afirmando que esta agencia “se ha aliado con Hamás”, y sostuvo que cuenta con un amplio apoyo en el parlamento israelí para implementar la prohibición. “La UNRWA ya no debería recibir un trato de cinco estrellas en Israel”, dijo Malinovsky en declaraciones a CNN.
Crece la tensión entre Israel y la ONU
A nivel local, las fuerzas armadas israelíes también arrojaron dudas sobre la neutralidad de UNRWA. La semana pasada, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralmirante Daniel Hagari, anunció la eliminación de un comandante de la fuerza de élite ‘Nukhba’ de Hamás, quien, según afirmó, trabajaba en UNRWA desde 2022. Esta declaración avivó las tensiones entre la ONU e Israel, especialmente después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, criticara públicamente al secretario general de la ONU, António Guterres, por sus declaraciones sobre el conflicto.
El organismo de la ONU respondió señalando que solo 66 de sus más de 30,000 empleados están bajo investigación, lo cual representa apenas el 0.22% de su personal. La agencia reafirmó su neutralidad y recalcó que no existen fundamentos sólidos para sostener que “la institución en su conjunto” esté infiltrada por grupos militantes. Además, advierte que la interrupción de sus actividades en Gaza y la Ribera Occidental podría agravar las condiciones humanitarias de millones de refugiados.
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