En una decisión que marca un cambio significativo en la estrategia energética de Argentina, el Gobierno ha optado por no privatizar Nucleoeléctrica S.A., la empresa estatal encargada de las tres principales centrales nucleares del país. Tal como expuso Florencia Barragan en Ámbito, Eduardo Rodríguez Chirillo, el secretario de Energía, confirmó esta determinación durante un debate parlamentario sobre la ley ómnibus, una legislación que aborda múltiples aspectos de la política nacional, incluidos recursos naturales y energía.
Esta noticia pone fin a las preocupaciones generadas por una cláusula en la ley ómnibus que inicialmente incluía a Nucleoeléctrica S.A. entre las 41 empresas estatales susceptibles de privatización. La medida había generado un intenso debate en el Congreso y entre expertos del sector, que cuestionaban las posibles repercusiones en la seguridad y eficiencia energética del país.
La importancia estratégica de mantener el control estatal sobre las centrales nucleares se subraya aún más por las palabras de Rafael Grossi, director argentino del Organismo Internacional de Energía Atómica. Grossi ha destacado la necesidad de una gestión pública en actividades nucleares, dada la complejidad y las estrictas normativas de seguridad involucradas.
Además de abordar el futuro de las centrales nucleares, el debate parlamentario también se centró en la dirección política respecto a YPF y los hidrocarburos. En este contexto, Chirillo y otros funcionarios gubernamentales aseguraron que cualquier intento de privatización se llevaría a cabo dentro del marco legal existente y en consideración de los intereses nacionales.
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