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En el informe de gestión Nº 136 presentando ante el Senado, los diputados y senadores consultaron diversos interrogantes y cuestiones sobre la Argentina y su accionar en el plano internacional, preguntas que fueron respondidas desde el Estado Nacional, representado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. En el mismo, se destaca un eje central de preocupación: la pesca ilegal y cómo afecta al país. Ante ello, el senador nacional por San Juan por el por el partido Producción y Trabajo e integrante del Interbloque PRO, Roberto Gustavo Basualdo, junto al senador nacional por la provincia de La Rioja, Julio César Martinez, fueron los que consultaron al Ejecutivo sobre esta problemática.
Basualdo destacó las recientes publicaciones de investigadores privados (como la realizada por Global Fishing Watch, organización que realiza controles exhaustivos respecto del comportamiento de buques de pesca a nivel global) que advierten sobre el número de barcos pesqueros ubicados en los límites de la ZEE de la Argentina. El senador afirma que estos informes muestran que se ha triplicado en los últimos años, motivo por el cual sus preguntas radican en cuáles han sido las medidas adoptadas o que se planean adoptar, para el control de límites de las 200 millas, cuántas intromisiones se detectaron en lo que va del año, qué medidas se adoptaron al respecto y cuántos permisos de pesca fueron otorgados; además, consultó si se han detectado irregularidades en los modos de pesca utilizados dentro de la ZEE, si se han planeado acciones combinadas entre fuerzas de seguridad para el control de las zonas comprometidas y también si hubo comunicaciones con las embajadas (en caso de que se hayan identificado reiteradas intromisiones de diferentes buques de una misma bandera).
Otra de las cuestiones que el informe responde es sobre las actividades de pesca ilegal que se detectan y cómo el gobierno nacional procedería en caso de que esto fuera así. En este sentido, se detalla que “en caso de constatarse actividades de pesca ilegal, los buques que la efectúen son pasibles de ser perseguidos (bajo lo que se denomina derecho de persecución o “persecución en caliente”, de conformidad con el Art. 111 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), capturados y sancionados”. Asimismo, puntualiza en las gestiones bilaterales correspondientes con los países “cuyo pabellón sea enarbolado por un buque que haya violado las normas argentinas en materia pesquera”.
Por último, respondieron a la consulta del senador sobre las investigaciones de organizaciones como Global Fishing Watch, destacando en que esta ONG puntualmente utiliza límites erróneos de la ZEE de Argentina hacia el Este, y que por estos motivos fue enviado una nota a la misma notificando el error, ya que “se realizan estudios, análisis y notas periodísticas que generan lecturas equivocadas de la actividad de los buques, fundamentalmente de los buques pesqueros extranjeros ingresando a pescar ilegalmente dentro de la ZEEA cuando en realidad están operando en el marco de las libertades de altamar (fuera de la milla 200)”.
En este sentido, la respuesta del informe detalla que la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y la Cancillería trabajan de manera coordinada sobre la pesca ilegal y aún más “cuando se trata de buques de bandera extranjera que cometen acciones de pesca ilegal”. Asimismo, detalla la creación de la “Mesa Interministerial para reforzar y coordinar el trabajo en estas cuestiones, liderada por Jefatura de Gabinete y con participación de los Ministerios de Defensa, Seguridad, Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.
Por otro lado, el senador Julio César Martinez de la Unión Cívica Radical, consultó sobre las acciones desarrolladas para combatir la pesca ilegal en la ZEEA y el presupuesto anual destinado a esta problemática por cada jurisdicción, además de preguntar cuántos infractores se detectaron en el período 2020/2023 y qué acciones diplomáticas desarrolla Cancillería frente a las embarcaciones infractoras para exigir el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y el Tratado Global de los
Océanos.
Martinez también consultó sobre las operaciones realizadas por el Comando Conjunto Marítimo de las Fuerzas Armadas y la Prefectura Naval Argentina durante los años 2020/2023, y pidió el detalle de: embarcaciones de superficie y aeronaves utilizadas, días/horas de operación efectiva de cada una de ellas, recursos humanos afectados y costos operativos implicados. La respuesta del informe notifica que el Comando Conjunto Marítimo (COCM) es el responsable de la conducción de las operaciones de vigilancia y control de los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción nacional, y que para el cumplimiento de sus actividades fueron destinados $ 1.005.563.196 desde el inicio de sus operaciones. Añade que para el ejercicio 2022 fue una suma de $352.616.667 y para el 2023 fue de $652.946.529, actualmente en ejecución.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa informó que desde el inicio de operaciones del COCM no se detectaron infractores en la ZEEA, y que Cancillería no solo trabaja en conjunto con otros organismos del Estado para sancionar a los buques que ingresan ilegalmente en la zona, sino que también trabajó en la elaboración de la Ley 27.564 junto a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para actualizar el sistema de sanciones establecidos en el Régimen Federal de Pesca.
Por último, señala que se mantienen actualmente conversaciones con los Estados que pueden llegar a tener barcos de manera ilegal en la ZEEA con el objetivo de “lograr una cooperación para la debida conservación de los recursos vivos marinos y hacer frente a la pesca ilegal, no descarada y no reglamentada”. Puntualiza en el diálogo con China sobre la temática y en el avance de negociaciones bilaterales para constituir una Subcomisión de Asuntos Oceánicos, Antárticos y de Conservación con el país; además, destaca el Plan de Acción Estratégico 2021-2023 con España y la VIII Reunión de Consultas Políticas con Corea.
En conclusión a las consultas realizadas por el senador Martínez, el informe nacional destaca que la Prefectura Naval Argentina detectó y capturó diversos buques pesqueros extranjeros que fueron los únicos que desarrollaron actividades ilegales dentro de la ZEE. Estos son: “LU RONG YUAN YU Nº 668” (Bandera CHINA – año 2020) y “CALVAO” (Bandera PORTUGAL – año 2020), en tanto que la Armada Argentina hizo lo propio con el buque “HONG PU 16” (Bandera CHINA – año 2020).
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