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La alerta que despierta el fenómeno creciente de la pesca ilegal que atraviesan los países de América Latina, es un tema de importancia que debe ponerse en la agenda de los Gobiernos. Particularmente el negocio de la pesca ilegal desarrollado en el Atlántico Sur por parte de embarcaciones extranjeras, que sin una aplicación efectiva en el mar, la impunidad y las actividades ilícitas que se llevan adelante en las aguas alrededor de las Islas Malvinas amenazarán cada vez más la conservación de los océanos – y sus ecosistemas -, la gestión responsable y el valor de los recursos naturales.
En este sentido, durante las últimas semanas Human Rights at Sea (HRAS) ha estado realizando un trabajo de campo en las Islas Malvinas para evaluar no solo el impacto de la pesca ilegal en sus aguas, sino también los esfuerzos que se realizan para garantizar tanto la sostenibilidad ambiental como la mejora de las condiciones a bordo para la pesca con bandera extranjera y la lucha contra el negocio que representa la pesca indiscriminada en estas aguas.
Múltiples transgresiones
Por año se emiten más de 100 licencias portuarias de calamar, y en lo que va de este año 2023 ya se emitieron 106, sumado a que existen 18 arrastreros con bandera de las Islas Malvinas y alrededor de 113 y 15 con bandera española que operan en las aguas de las Malvinas. Asimismo, desde el comienzo de la última temporada de pesca a principios de enero de 2022, se han inspeccionado más de 22 embarcaciones en las flotas de poteros, arrastreros, frigoríficos y petroleros.
Y a partir de ello se descubrió que tres porteros de calamar, que incluían dos embarcaciones de origen taiwanés y uno de Vanuatu, fueron detenidos por múltiples transgresiones, entre ellas: no estar en posesión de un Certificado Internacional de Buque Pesquero (IFVC), integridad hermética deficiente, falta de agua dulce para el lavado de la tripulación y su higiene personal. Lo que puso nuevamente en relieve la falta de políticas que controlen y aborden de manera integral esta actividad.
MercoPress.
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Es mi impresión de que este artículo periodístico es incompleto porque no denuncia la pesca ilegal en las islas Malvinas en toda su magnitud, ya que solo contempla la que ejercen las flotas de barcos de otros países que pertenecen a otras longitudes y latitudes geográficas y no incluye la que hace la población inglesa implantada o Kelpers en las islas a partir de la usurpación de nuestras islas en 1833 por el UK. Esta población Kelper que es usurpadora e ilegal ejerce también la pesca ilegal a través de la venta de licencias de pesca lo que le a permitido recaudar importantes cantidades de divisas y un ingreso per capita más alto del mundo a través de los años, todo esto en contraposición con los establecido por la ONU la cual estableció que al ser un territorio en disputa con un conflicto de soberanía las partes deben evitar efectuar acciones unilaterales en todos los aspectos y en particular sobre los recursos naturales. Además es opinión del suscripto que las autoridades Argentinas deberían incluir dentro de sus reclamos al UK para que este país devuelva la soberanía de las Islas a la Argentina también dentro de este reclamo la contabilización de las divisas que el UK y los Kelpers vienen obteniendo de la explotación de los recursos naturales desde el año 1833 hasta la fecha en que devuelvan la soberanía de las islas a la Argentina más los intereses y todos los bienes que habia en las islas como cabezas de ganado, etc, etc al momento de la usurpación, ya que esos recursos naturales pertenecián y pertenecen al pueblo argentino.