Artículo en conjunto de Juan Ignacio Villavicencio y José Martín Boses*
Con la guerra en Ucrania en pleno desarrollo, Washington maniobra internacionalmente con el objetivo de aumentar la presión y golpear a Rusia donde más le duele, su negocio de defensa y energía. Molestos por la creciente influencia de Rusia en África, legisladores estadounidenses han propuesto castigar a un aliado histórico de Moscú en la región mediante la aplicación de sanciones económicas, previstas en una controvertida Ley Federal, por el acuerdo de suministro de armamento con el Kremlin. Dicha iniciativa está ganando fuerza y suma voluntades en el Senado estadounidense.
El día 29 de septiembre, un grupo bipartidista, 27 miembros del congreso ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “expresando su preocupación por los crecientes lazos de Argelia con Rusia” y exigiendo sanciones contra los funcionarios del gobierno argelino por un acuerdo de armamento con el Kremlin. La carta está encabezada por la representante republicana Lisa McClain y nuclea voluntades en ambos lados del pasillo del congreso estadounidense. “Debemos implementar de inmediato sanciones significativas contra Argelia para enviar un mensaje claro al mundo de que no se tolerará el apoyo a Putin. Estoy llamando [al Secretario de Estado] para sancionar a Argelia por la compra de armas rusas” sentenció la parlamentaria en su cuenta de Twitter.
La carta mantiene la misma tónica que aquella remitida días antes por el senador republicano Marco Rubio, quién expresaba entonces su preocupación por los crecientes lazos de Argelia con Rusia e instaba a sancionar a funcionarios del gobierno argelino. En su misiva al Secretario de Estado, el senador republicano manifestaba que “Rusia actualmente es el mayor proveedor militar de Argelia y [esta última] también se encuentra entre los cuatro primeros compradores de armas rusas en todo el mundo […] La entrada de dinero de cualquier fuente a Rusia solo fortalecerá aún más la maquinaria de guerra de Putin en Ucrania. No obstante, las sanciones disponibles [aludiendo a la Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act] aún no se han implementado”
Ambas cartas al Secretario de Estado Blinken concluyen que el acuerdo de compra valuado en 7 mil millones de dólares supondría la exportación de Rusia de los novedosos aviones de combate Su-57, sistemas de defensa aérea y más, pudiendo clasificarse como una transacción significativa bajo CAATSA desde el punto de vista de los legisladores.
¿Qué es la Countering America ‘s Adversaries Through Sanctions Act?
La Ley contra los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones (CAATSA por sus siglas en inglés) básicamente es una norma federal que estipula la imposición de sanciones económicas contra países que lleguen a acuerdos de defensa o inteligencia con Irán, Corea del Norte y Rusia. El proyecto de ley entró en vigor el 2 de agosto de 2017, con la intención de contrarrestar las “agresiones percibidas” contra el gobierno de EE. UU. efectivizando este objetivo al impedir que las empresas estadounidenses hagan negocios con entidades sancionadas.
No obstante, la norma federal dispone que el Presidente delegue la autoridad al Secretario de Estado, en consulta con el Secretario del Tesoro, para su aplicación.
Con respecto a Rusia, en su Sección 231, la legislación ordena al presidente de los Estados Unidos que imponga sanciones a las personas físicas y/o jurídicas que “a sabiendas, participen en una transacción significativa con una persona que sea parte de, u opere para o en nombre de los sectores de defensa o inteligencia del Gobierno de la Federación Rusa.
Los resultados del sistema CAATSA: una herramienta política controvertida
Los legisladores estadounidenses se han visto tentados de utilizar dicha Ley como una herramienta para presionar al ejecutivo en la toma de medidas enérgicas contra países y personas físicas consideradas por el Congreso como adversarios, inclusive contra sus propios aliados. Ya en 2020, durante la administración Trump, el Congreso emitió sanciones mediante el sistema CAATSA contra Turquía, después de que el país otomano optó por seguir adelante con el acuerdo de adquisición de sistemas de defensa aérea rusos S-400.
Sin embargo, más allá de limitar las facultades y restringir el margen de negociación del ejecutivo en materia de política exterior, la norma está comenzando a presentar inconvenientes en su aplicación extraterritorial. Ya en 2017, el entonces presidente Donald Trump había advertido que la legislación contenías “graves fallas”.
A esta crítica, se sumó la del ex secretario de Defensa, James Mattis, quién pidió a los legisladores que permitieran exenciones especiales de seguridad nacional para aquellos socios de EE.UU. interesados en la compra de sistemas rusos, citando a modo de ejemplo a India, Vietnam e Indonesia.
Recientemente, la India ha presentado una resistencia exitosa frente a una eventual aplicación del sistema CAATSA. El 15 de julio de 2022, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una enmienda legislativa que otorgó a India una exención de las sanciones relacionadas con CAATSA por la compra del S-400.
El problema radica en que los Estados, en especial las potencias medias y regionales, ven la norma como una interferencia en su autonomía estratégica en materia de defensa. Así, no es de sorprender que esta herramienta está comenzando a afectar negativamente las relaciones de cooperación de EE.UU. con otros países. Como sostiene Stratfor, “en el mundo actual las potencias intermedias son cada vez más asertivas y se niegan a vincular a sí mismas a cualquier gran poder único [sin embargo] la confianza de los Estados Unidos en la herramienta unilateral de la extraterritorialidad podría eventualmente resultar contraproducente si no se tiene cuidado”.
Argelia en el fuego cruzado de las grandes potencias
Como puede observarse, Turquía no escapó de la aplicación de la ley, mientras la India no solo obtuvo una exención por una adquisición prácticamente similar, sino que, además, fue la propia Cámara de Representantes la cual consintió la enmienda legislativa, sentando un controvertido precedente.
En el caso de Argelia, una eventual aplicación de sanciones sobre funcionarios gubernamentales involucrados en el acuerdo de compra, no solo no logrará disuadir al país magrebí de los compromisos asumidos con Moscú, sino que, por el contrario, conducirá a un deterioro de las relaciones de cooperación entre ambos países.
No hay que olvidar que Moscú y Argel comparten una relación de cooperación en materia de defensa que acumula más de medio siglo, como así tampoco la tradicional enemistad con su vecino Marruecos, aliado cada vez más cercano a Estados Unidos, frente a la cual el suministro de armamento ruso se torna crucial de cara a un previsible conflicto fronterizo.
Si Washington quiere bloquear las ventas de gas natural ruso a los países europeos, abrir nuevas fuentes de abastecimiento de energía y “enviar un mensaje claro al mundo de que no se tolerará el apoyo a Putin y los bárbaros esfuerzos de guerra de su régimen” implementar de inmediato sanciones significativas contra el gobierno de Argelia tal vez no sea la mejor opción.Al menos en el corto plazo, mantener unas buenas relaciones con Argelia resultará de importancia estratégica, ya que el país mediterráneo cuenta con amplias reservas gasíferas y el potencial para abastecer de energía a los hogares e industrias de la UE. De hecho, el país magrebí ha desplazado a Rusia como principal proveedor de gas de Italia, que busca reducir aún más la dependencia de Moscú, y ha firmado generosos contratos con las transnacionales “Occidental, Eni y Total”, estadounidense, italiana y francesa, respectivamente. En el caso de Italia, Argelia se ha convertido en un socio comercial privilegiado de Roma, una posición que reforzó con la firma de un contrato valuado en 4.000 millones de euros y que pretende aumentar el suministro de gas a través del gasoducto Transmed.
* Estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
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