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En el marco de la próxima asunción del primer presidente de izquierda de Colombia (que ocurrirá el 7 de agosto), Gustavo Petro, diversos grupos armados ilegales y bandas criminales del país vinculadas a la producción y tráfico de drogas propusieron el pasado jueves un alto al fuego para iniciar las conversaciones de paz. Estos grupos están repartidos por todo Colombia y acusados de múltiples delitos, pero Petro ya en su campaña política había afirmado sus intenciones de conversar con los mismos.
“No podemos permanecer indiferentes al clamor de la sociedad colombiana y al pensamiento de su presidente democráticamente electo, para lograr la anhelada paz con justicia social, entre otras cosas”, afirmaron seis grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, los Caparrós, y los Rastrojos. El canciller futuro de Petro, Álvaro Leyva, dijo a los periodistas que hallar la paz con todos los grupos armados ilegales es una de las propuestas del presidente electo para alcanzar la “paz total”.
Se estima que esta clase de grupos cuentan con unos 2.000 combatientes armados dispuestos a coordinar un alto al fuego con el gobierno entrante, pero también buscando garantías iguales a las que otros grupos han obtenido al desarmarse mediante acuerdos de paz, como la suspensión de la extradición de personas comprometidas.
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