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En el marco del gobierno de Felipe Gónzalez, Presidente del Gobierno de España coincidente con la dictadura militar argentina entre 1982 y 1983, se realizaron filtraciones de datos sobre movilizaciones de exiliados argentinos en la península ibérica, en una colaboración entre el dirigente español y las autoridades locales.
El medio Público accedió a un documento en dónde se corrobora el monitoreo que realizaba el gobierno argentino respecto a quiénes se exciliaban hacia España en el contexto de la dictadura, en una logística aceitada por las buenas migas trazadas con el mencionado González.
El 7 de noviembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín próxima a concretarse y con la dictadura en retirada, desde la embajada argentina en España se enviaron cables a la Argentina, aún bajo la órbita del Proceso de Reorganización Nacional, alertando de movilizaciones próximas a realizarse en las inmediaciones de la entidad.
El escenario no se limitaba solo a divulgación de manifestaciones, sino que también se extendía al plano diplomático y comercial: Público difunde que las tratativas eran también para trazar apoyos en diferentes proyectos y acuerdos que sobrepasaban las fronteras de ambos países.
En efecto, desde el gobierno español se tenía una línea de acción con la cancillería argentina para lograr apoyos en diferentes pactos internacionales y en el acceso a organismos globales, en base un acuerdo recíproco cimentado entre el líder español y la cúpula militar argentina.
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