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Durante la última semana, Venezuela tuvo la oportunidad de exigir la destitución del presidente Nicolás Maduro a través de firmas de peticiones de revocación.
Sin embargo, se estima que una junta electoral pro gobierno fue la impulsora de establecer límites para que la revocación no se realizara y no se llegara a juntar la cantidad de firmas necesarias.
Según el Consejo Nacional Electoral, un mínimo de 4.2 millones de personas en un plazo de 12 horas en 1.200 centros electorales eran las condiciones para alcanzar la revocación.
La población afirmó que era un plazo imposible de cumplir, además de que se añadieron quejas por el “sistema fuertemente inclinado a favor del gobernante partido socialista”.
En palabras de Luis Lander, director del Observatorio Electoral de Venezuela independiente, “el referéndum revocatorio está absolutamente bloqueado” y añadió que “las condiciones lo hacen absoluta y totalmente imposible”.
En total, se necesitaban múltiples firmas por minuto en cada uno de los centros de votación para alcanzar el objetivo.
Además, según la agencia The Associated Press que visitó varios centros de votación, no hubo muchas señales de participación por parte de la población.
Cabe destacar que, según la constitución de Venezuela, los votantes pueden solicitar una elección revocatoria cuando el presidente haya cumplido la mitad de su mandato, al igual que Maduro.
Asimismo, la comisión electoral posee una mayoría favorable al gobierno, lo que dificulta aún más el poder realizar peticiones de este estilo.
También se estimó que gran parte de la población no estaba enterada de la situación, ya que posiblemente se impuso un límite de tiempo muy estrecho para recoger esta clase de peticiones, complicando la difusión de la revocación.
Por el momento, el funcionario de alto rango Diosdado Cabello afirmó en una conferencia de prensa que el partido gobernante “tendría derecho a ver los nombres de quienes firmaron la petición contra el presidente”, generando preocupación por posibles represalias.
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