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El pasado viernes, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) publicó diversos hallazgos sobre algunos países del mundo, pero que particularmente afectan a ciertas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia.
Este informe del CAT detalla los aspectos positivos de los países en esta materia, aunque en esta ocasión el Comité expresó cierta preocupación por el leve avance en la investigación de las supuestas torturas, maltratos y uso excesivo de la fuerza durante la crisis del 2019 y 2020.
El CAT pidió a los funcionarios actuales que todos estos hechos se investiguen lo suficiente como para poder procesar y sancionar a los perpetradores.
Además, el organismo también destacó la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público de Bolivia, instando a que el gobierno emprenda una reforma clara y urgente en torno a estas razones.
Se recalcó también en que el CAT emitió varios informes sobre Bolivia, y que en su tercero también se remarcaba esta falta de independencia judicial porque además tiene consecuencias en otros procesos penales, principalmente contra los opositores políticos.
Según este informe, el sistema de justicia tiene que llevar a cabo una “reforma urgente” y que las autoridades judiciales deben ser designadas en base al mérito.
Otro de los puntos destacados por el Comité en los cuales Bolivia debería puntualizar fue su legislación terrorista.
El CAT exigió que se revise esta legislación, en particular los delitos de sedición y terrorismo “’para garantizar que se ajustan al principio de legalidad y las normas internacionales de derechos humanos”.
El Comité también ha solicitado a Bolivia que revise su legislación antiterrorista, en particular los delitos de sedición y terrorismo, “para garantizar que se ajustan al principio de legalidad y las normas internacionales de derechos humanos”.
Sin embargo, este no es el único organismo que destacó preocupación por Bolivia en este sentido. Otras como Naciones Unidas en general o Human Rights Watch (HRW) también denunciaron el uso del enjuiciamiento judicial como un instrumento de persecución de opositores políticos o lawfare.
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