Aung San Suu Kyi ha sido condenada a cuatro años de prisión por incitación y violación de las restricciones de Covid, la primera sentencia dictada contra la líder derrocada de Myanmar desde que la Junta tomó el poder en febrero.
La dirigente, de 76 años, ha sido acusada de una serie de delitos -desde la posesión ilegal de walkie-talkies hasta la violación de la Ley de Secretos Oficiales- que podrían suponer penas de prisión de varias décadas. Su abogado ha descrito previamente los casos como “absurdos”.
El caso de incitación se centró, al parecer, en una declaración, publicada en Internet tras el golpe de febrero, en la que se instaba a las organizaciones internacionales a no cooperar con la junta. El segundo caso alegaba que había infringido las normas de la Covid mientras hacía campaña antes de las elecciones del año pasado.
El ex presidente Win Myint fue condenado a cuatro años por los mismos cargos. Myo Aung, ex alcalde de Naypyitaw, fue condenado a dos años por incitación.
Poco se sabe de los procedimientos en ninguno de los casos judiciales. Aung San Suu Kyi ha sido juzgada en un tribunal a puerta cerrada, sin acceso para los observadores, y a su abogado se le ha impedido hablar con los periodistas.
Aung San Suu Kyi lleva detenida en un lugar desconocido desde febrero, y no se sabe si cumplirá su condena en prisión o bajo arresto domiciliario.
Charles Santiago, presidente del grupo Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos, dijo que la sentencia del lunes era “una parodia de justicia” que demostraba el desprecio de la junta por los esfuerzos regionales para encontrar una solución a la crisis del país.
Los analistas han descrito los cargos contra la destituida líder, que han seguido aumentando en número desde febrero, como un intento transparente de eliminarla como amenaza política. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, obtuvo una aplastante victoria en las elecciones del año pasado, pero los militares se negaron a aceptar el resultado.
Aung San Suu Kyi, que ya pasó un total de 15 años detenida haciendo campaña contra los militares, podría ser retenida por la Junta durante el resto de su vida si es declarada culpable de todos los cargos.
Casi un año después del golpe de Estado, los militares han luchado por imponer el orden. La economía está fallando, los sistemas de salud y educación se han colapsado, los índices de pobreza se han disparado y los conflictos se han intensificado.
El mes pasado, el Consejo Asesor Especial para Myanmar, del que forman parte expertos como Yanghee Lee, ex relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar, advirtió que las infracciones militares estaban cortando los suministros alimentarios y médicos de las comunidades, lo que obligaba a la gente a estar al borde de la inanición.
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