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El próximo domingo 6 de junio, Pedro Castillo y Keiko Fujimori competirán en la segunda vuelta electoral por la presidencia peruana. Mientras tanto, en territorio mexicano se llevarán a cabo las elecciones federales de medio término.
Un preocupante dato en común es que ambas campañas atraviesan tiempos de grave violencia política. En Perú, 16 personas fueron asesinadas, evento adjudicado a miembros del grupo Sendero Luminoso, mientras que en México hay una desmedida violencia a los aspirantes para cargos políticos, con más de un centenar de ataques y una gran mayoría con consecuencias fatales.
Ahora bien, los aspirantes peruanos que se enfrentarán el próximo domingo obtuvieron un escaso margen de votantes el pasado 11 de abril, a saber, un 18.92% (Castillo) y 13.40% (Fujimori) de los sufragios, comicios en los que hubo 18 contendientes y la participación electoral fue la más baja desde el retorno a la democracia. No conforme con la gran expectativa, un simulacro de votación publicado por Datum Internacional arroja un “empate técnico” entre el candidato de Perú Libre y su rival por el partido Fuerza Popular, la conservadora Keiko Fujimori. Los contendientes presidenciales se ubicaron en dicha instancia con 42,6 % y 41,7 %, respectivamente, a menos de una semana de la segunda vuelta electoral.
Por su parte, en México, más de 94 millones de habitantes deberán designar los nuevos 500 representantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, se renovarán más de 20 mil cargos locales y 15 de las 32 gobernaciones, en lo que será una señal decisiva de aprobación o rechazo a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los retos electorales que se han propuesto este año son: vencer al abstencionismo, alcanzar resultados favorables a los partidos en el poder, o bien para la oposición, y enfrentar los críticos niveles de violencia que envuelven a la coyuntura electoral.
Aspirar a la estabilidad política, todavía un deseo
A pocos días de los comicios, el gobierno de Francisco Sagasti amplió hoy por un mes el estado de emergencia vigente desde hace 14 meses por la pandemia del coronavirus. De todos modos, nada parece impedir que el próximo domingo se dirima quién ocupará el sillón presidencial del Palacio de Gobierno del Perú por los próximos cinco años.
Luego de tres instancias de debates entre los contendientes y uno que enfrentó a sus respectivos equipos técnicos, los simulacros de votación arrojaron para el candidato de Perú Libre un 42.6%, mientras que su rival de Fuerza Popular figura con 41.7% en la intención de voto. Esto deja una situación de “empate técnico”, es decir, en la que cualquiera puede resultar victorioso. Incertidumbre que se suma a la de cómo será el flujo de los sufragios de quienes votaron por otros candidatos en primera vuelta.
Para situar la importancia de este proceso electoral, es necesario contextualizar la crisis política que Perú atraviesa en el presente. Según un estudio del Ipsos Disruption Barometer (IDB), la nación andina posee el mayor riesgo sociopolítico entre los 30 en los que se mide este índice. Con el estallido del caso Odebrecht a fines de 2016, en el que varios funcionarios e incluso expresidentes se involucraron, la política peruana comenzó un progresivo proceso de desprestigio. De ello derivó que pasaran por el Ejecutivo cinco presidentes en menos de tres años.
Por otro lado, los resultados de la primera vuelta demuestran que la aparente pluralidad democrática que hubo en los comicios, más que de una diversidad ideológica, habla de una profunda crisis de representación. Lo que en la segunda vuelta redundará en que quien asuma tendrá un núcleo muy débil de votantes, además de un congreso compuesto por 10 agrupaciones políticas diferentes, lo que refleja la mayor atomización partidaria de la historia.
Bajo este escenario electoral polarizado y el precedente conflictivo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, será indispensable para el próximo jefe de estado la búsqueda de consensos con las demás fuerzas políticas. Y, a su vez, deberá mostrarse con capacidad de flexibilidad ante el abanico de demandas populares a con las que será indispensable que se comprometa quien ocupe el sillón presidencial.
La elección más grande de la historia
En territorio mexicano, tanto el crecimiento del número del electorado habilitado para sufragar (94 millones de habitantes) como la cantidad de cargos que se elegirán (estimado en más de 21.300), vuelven estas elecciones intermedias un hito. La disputa se centra en lograr la mayoría de la Cámara de Diputados (federal), hoy concentrada en el partido gobernante.
Los 500 representantes se eligen por sistema mixto: 300 escaños serán elegidos en distritos de un solo miembro, mientras que los 200 restantes se distribuyen proporcionalmente en cinco circunscripciones plurinominales (40 escaños cada una). Además, está en juego la composición de 30 congresos locales de diversos estados. A la vez, la ciudadanía tendrá que elegir a 15 nuevos gobernadores de la federación y 900 cargos para ayuntamientos y juntas municipales.
Son tres las entidades partidarias en el poder político que ostenta la mayoría de los diputados: el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En tanto, el bloque opositor, “Va por México” lo integran la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En adición, vale mencionar a un puñado de partidos que participan de manera independiente, es decir, aquellos que no forman ninguna coalición.
Otro apartado lo encabezan los nuevos agrupamientos políticos que aparecen en el escenario electoral en disputa, como lo son Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México (FxM) y Partido Encuentro Solidario (PES). Su objetivo principal en estos comicios es alcanzar una votación mínima requerida para obtener su registro.
La confrontación electoral se centra, del lado de los partidos de oposición a nivel nacional, en alcanzar una votación capaz de reducir el control que en la Cámara de Diputados detentan los partidos que apoyan al gobierno progresista del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Mientras que, del lado oficialista, es de suma importancia acreditar mayor legitimidad para la consecución de sus restantes tres años de gobierno.
La campaña inició el pasado 4 de abril de 2021 y se extendió por dos meses, hasta el 2 de junio. Restando pocos días para su cierre, el proceso electoral se vio golpeado, ya que se ha cobrado la vida de 35 políticos producto del accionar de los grupos de la delincuencia organizada y de los cárteles de las drogas. Si bien no son actores nuevos, su influencia ha inmergido los comicios en una ola de violencia y ha resultado en la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido, la multiplicación de los ataques ha llevado al menos a 18 aspirantes y candidatos a abandonar la competencia por el cargo, e incluso algunos a cambiar de residencia. Esto produjo una ola de críticas de las principales fuerzas opositoras y organizaciones locales contra el plan que arrancó en marzo López Obrador para proteger a los candidatos.
Una mención adicional merece el comportamiento del voto nulo. Desde diversas facciones se convocó a manifestar el descontento con el sistema de partidos mediante la anulación de la papeleta electoral. Fenómeno ya existente, pero de acuerdo a los datos del registro del Instituto Nacional Electoral (INE), su porcentaje pasó del 4,96 a 4,76% entre las últimas elecciones, lo que significa que, aun guardando la proporción con la concurrencia electoral entre comicios generales y los intermedios, no registró variación significativa.
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