Por Melisa Wilson miembro del Grupo Jóvenes Investigadores IRI
El MERCOSUR engloba a una población de 295.007.000 personas, por lo que constituye un espacio estratégico de integración regional que posee cinco dimensiones de integración: económica, comercial, social, política, y productiva. Entre sus subdimensiones sociales, se engloban la ciudadanía regional que ha tenido avances significativos en la última década.
Para el autor Bokser (2001), en América Latina las fronteras no han perdido relevancia, en el caso del MERCOSUR particularmente, no se ha permeado el avance en la construcción de un espacio regional ciudadano. Navarro (2013) argumenta que la construcción de un concepto de ciudadanía responde al proceso histórico por el que transita su sociedad, es el que le da un reconocimiento al ejercicio de sus derechos y obligaciones. En este sentido, la noción de ciudadanía se relaciona con la conformación del Estado-Nación, la consolidación de la participación democrática y el desarrollo social.
El Estatuto de Ciudadanía constituye una herramienta para las distintas instancias institucionales del MERCOSUR, requiriendo la coordinación desde múltiples sectores. El Consejo del Mercado Común del bloque se propuso avanzar, hacia el trigésimo aniversario de la firma del Tratado de Asunción, en la profundización de la dimensión social y ciudadana del proceso de integración. La Comisión de Representantes Permanentes (CRPM) ha elaborado una Cartilla de la Ciudadanía del MERCOSUR, en la que se recopilan las principales normas vigentes de interés para el ciudadano, al igual que los organismos responsables de su aplicación en cada Estado Parte y/o Asociado. En ella se manifiestan los siguientes ejes: circulación de personas y bienes; educación, trabajo y seguridad social; derechos humanos, defensa del consumidor; salud, integración cultural, entre otros. Este reciente Estatuto compila derechos y beneficios abordados desde una perspectiva transversal de derechos humanos e igualdad en favor de los nacionales, ciudadanos y residentes.
Los avances hacia la concreción del Estatuto han sido graduales pero significativos. En 2002 se produjo un cambio en las políticas migratorias del MERCOSUR, en la que se aprobaron una serie de acuerdos que amplían los derechos de los migrantes y se avanza con la liberalización de su circulación en el bloque -que era un asunto pendiente para el Mercosur-. Uno de los avances más destacables es el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados. Establece, entre otros derechos significativos, el criterio de nacionalidad del bloque como principal requisito para la obtención de la residencia legal, eliminando requisitos vinculados a la condición socio-laboral del migrante, en un contexto de intensa movilidad intra-regional. En 2010, el Consejo del Mercado Común por Decisión, CMC N° 64/10, decidió impulsar progresivamente un Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR que compilara derechos y beneficios en favor de los nacionales de los Estados Partes. Cabe destacar que dentro del bloque, Argentina continúa siendo el principal atrayente de migrantes, con un mercado laboral que facilita la integración de trabajadores inmigrantes y su regularización. Paraguay y Bolivia por su parte, continúan siendo países principalmente de emigración.
En 2017, la Decisión CMC Nº 32/17 asignó a la CRPM el acompañamiento del desarrollo del Plan de Acción para la conformación del Estatuto a través de la implementación de una política de libre circulación de personas en la región, la igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y la igualdad de condiciones.
El pasado 26 de marzo, en el marco del encuentro virtual de presidentes del MERCOSUR celebrado en Buenos Aires para celebrar el 30 aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que dio nacimiento al MERCOSUR. Desde cancillería Argentina se ha expresado que “la definición del concepto de ciudadano del Mercosur es un proceso de construcción progresiva, en la que las autoridades de los cuatro países continúan trabajando para incorporar nuevos derechos y beneficios para todos sus habitantes”. Además, “Cuestiones como la posibilidad de un nacional de un país del Mercosur de obtener en forma simplificada la residencia en otro país del bloque y acceder a un trabajo formal, estudiar y ejercer sus derechos y libertades sociales en las mismas condiciones que los nacionales; o de poder tramitar el reconocimiento de un título primario o secundario y que se le dé validez en las mismas condiciones que en el país de origen, son algunos de los derechos incluidas en el Estatuto”.
Es importante destacar que con el Estatuto de Ciudadanía no se pretende que la ciudadanía del MERCOSUR sustituya a la ciudadanía nacional, sino que permite que el ciudadano regional dejará de ser extranjero dentro del bloque, pero no dejará de ser nacional dentro de otro Estado miembro. Para ello, las instituciones deben delimitar sus esferas de acción y alcance, evitando traspasar la línea entre ciudadanía y nacionalidad, respetando así la soberanía nacional.
Así es como se ha arribado al 30° aniversario del MERCOSUR con un objetivo logrado, la creación del Estatuto de Ciudadanía, un nuevo paso para una integración más profunda como bloque, haciendo valer las similitudes entre los países y no las diferencias existentes. Además, con este Estatuto se avanza más allá de la cuestión comercial -objeto original del MERCOSUR-, se profundiza los derechos sociales de los habitantes de los respectivos países, quienes comparten una identidad especial, fruto de las culturas y experiencias compartidas.
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Bibliografía utilizada:
-Brumat, L., Artola, J. (2015). Circulación de personas e integración regional: ¿dónde está el Mercosur? Real Instituto Alcano. ARI 43/2015.
-Devoto, M. (2018). Hacia una ciudadanía del MERCOSUR. Revista MERCOSUR de políticas sociales, 2, 326-332. doi: 10.28917/ism.2018-v2-326
-Santana, Peña, I. (2017). Ciudadanía del MERCOSUR: avances en su construcción y consolidación. Revista MERCOSUR de políticas sociales – ISSN 2523-0891 (impreso) Vol 1: pp. 13-34 – doi: 10.28917/ism.2017-v1-13.
