La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez y algunos de sus ministros fueron detenidos en la madrugada del sábado acusados de sedición, terrorismo y conspiración posterior a las elecciones presidenciales en 2019 que dió como resultado el exilio de Evo Morales en Argentina.
Áñez evitó declarar ante la Fiscalía y permanece en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz, a la espera de que se defina su situación judicial tras la acusación de haber participado en el golpe que sacó del poder a Morales.
La expresidenta fue aprehendida en su domicilio en Trinidad, capital del departamento Pando, y trasladada en avión a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares, informaron medios locales.
Añez antes de ser trasladada se pronunció por Twitter:
La imputación afirma que Áñez asumió la Presidencia de “forma amañada” por considerar que en ese momento aún era vicepresidenta segunda del Senado y rechazando que hubiera sido elegida presidenta del Senado horas antes.
Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la dimisión de Morales en medio de una fuerte convulsión social luego de que opositores denunciaron un fraude en las elecciones del mes anterior en las que el líder izquierdista buscaba reelegirse.
Las denuncias de fraude desataron protestas en las calles y motín policial, y en medio de esta convulsión, las Fuerzas Armadas le hicieron a Morales, en el poder desde hacía 14 años, la “sugerencia” de dimitir.
El día de ayer la Fiscalía general de Bolivia solicitó la prisión preventiva de Jeanine Áñez por seis meses, luego de que la expresidenta de facto fuera detenida el sábado último por su participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.
Los principales partidos opositores, de derecha, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios.
El ministro de Justicia rechazó acusaciones de Áñez de “persecución política”, dijo que el proceso se ajusta a derecho y que a la ex presidenta y ex senadora le corresponde un juicio ante un tribunal ordinario.
La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.
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