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Los recientes desafíos políticos que enfrenta el presidente de Bolivia, Luis Arce, no son ajenos a la coyuntura económica boliviana. Arce fue uno de los artífices del bienestar boliviano durante mediados de la década de los 2000 y principios de la década de 2010, en ese entonces como Ministro de Economía de Evo Morales. La renta extraordinaria proveniente del gas nacionalizado permitió un programa de reformas sociales único en el continente y con impactos macroeconómicos positivos. Pero en su oportunidad como presidente los desafíos fueron mayores. No solo por la frágil situación política con la oposición y el sector de Evo Morales, sino también por el estancamiento económico.
La caída de las reservas, de manera pronunciada, es uno de estos síntomas. En 2015 las reservas en el Banco Central de Bolivia se situaban en los USD 16.000 millones, y hoy se encuentran en USD 1.700 millones, según datos de la autoridad monetaria boliviana.
La economía de Bolivia también enfrenta vientos en contra por la disminución en la producción de gas. Según datos oficiales del gobierno de Bolivia, en el año 2016 el país produjo 56 millones de metros cúbicos diarios de gas. Ese volumen se redujo a casi 32 millones de metros cúbicos diarios de gas para el 2023. Sin embargo, debido a la intervención en los precios de mercado no tuvo impacto en la facturación en dólares (pasó de 1755 millones de dólares a 2.048 millones de dólares según el gobierno boliviano).
La búsqueda por fortalecer la cadena de valor del litio en Bolivia puede provocar que pierdan una oportunidad clave para insertarse en los mercados externos. En I+D (investigación y desarrollo) hay avances para reemplazar el litio por otros minerales como el sodio o níquel. Lamentablemente, gran parte de las inversiones en litio que se anunciaron en Bolivia por parte de China están en un impasse debido a la crisis energética.
El gobierno de Arce en las últimas semanas enfrentó una serie de desafíos desde la economía. La falta de acceso a dólares, la inestabilidad en el suministro de combustibles y el aumento en los precios de alimentos y medicinas han generado una profunda preocupación en la población boliviana. Esta situación ha llevado a comerciantes a organizar grandes protestas en La Paz y otras ciudades del país, mientras que los camioneros han iniciado bloqueos de rutas y pasos fronterizos. A inicios del 2024 esto provocó impactos negativos en las existencias de alimentos, y disparó los precios de productos de la canasta básica.
Hoy Bolivia está sufriendo una fuerte falta de dólares. Según France 24, el “Estado necesita gastar más de 3.000 millones de dólares anuales para esas importaciones. Sin embargo, en contraste, el Banco Central tiene reservas por 1.700 millones de dólares”. Como sucede en Argentina, el dólar oficial se encuentra fijado por el Banco Central respecto al peso boliviano. Actualmente, es de 6,96 pesos bolivianos por dólar. Pero en el mercado paralelo el monto ronda los 10 pesos bolivianos por dólar, y va en aumento.
La falta de gasolina y diésel se hace notar en la vida diaria de los bolivianos. Y esto claramente penaliza la gestión de Luis Arce. Para lograr el abastecimiento energético, el presidente aseguró que fomentará las importaciones provenientes de Rusia (país que visitó a inicios de junio) y el establecimiento de las Fuerzas Armadas en las gasolineras para asegurar la correcta distribución y dispendio de gasolina.
Otro frente problemático es la inflación de la canasta básica. En parte, la justificación reside en el contrabando hacia Perú y Argentina, y también a los factores climáticos. Nuevamente, volvemos al cuello de botella de las divisas, si el propio mercado boliviano no puede autoabastecer sus alimentos, es necesario importarlos. Entonces, el Banco Central enfrenta el mismo problema que los hidrocarburos: no posee divisas para pagar las importaciones en tiempo y forma.
En 2025 habrá elecciones presidenciales, y el panorama a futuro parece complejo para el presidente de Bolivia. Necesita acumular reservas, pagar su acaudalada deuda externa, y evitar un espiral inflacionario. Este último punto es el que menos se nota a nivel general, pero las regulaciones de precios sobre determinados productos pisan los aumentos que impactarían en los costos empresariales, y su traslado a precios de todos los consumidores del país.
Por otro lado, el gobierno en los últimos años acentuó su retórica anti-estadounidense. El ministro de Economía, Montenegro, criticó el rol de la Embajada de los Estados Unidos ante la crisis energética y cambiaria, acusándola de orquestar un “golpe blando”. Por otro lado, incluso frente a la posibilidad de una crisis financiera, el gobierno es reticente a acceder a los mecanismos estabilizadores del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los frentes abiertos, externos e internos poco ayudan a estabilizar la situación política y económica boliviana.
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