En dos Estados importantes en Europa se comienza a tomar en serio la amenaza que representan los grupos de ultraderecha en los países y las consignas que estos pregonan. Alemania y Francia tomaron decisiones que van desde la vigilancia atenta a estos grupos y partidos, hasta la declaración de ilegalidad de alguno de estos. 

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que ya era observada en varios estados federados, es ahora objeto de vigilancia de los servicios secretos del Interior a nivel nacional, informan medios locales. Ahora, toda la organización es objeto de vigilancia de la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), de espionaje interior.

El partido fue catalogado a finales de la semana pasada como “caso sospechoso” por extremismo, aunque en declaraciones al semanario, una portavoz de la BfV no quiso confirmar este punto, “en vista del proceso en curso y por respeto al tribunal”.

Un informe del espionaje interior de alrededor de mil páginas, que incluye varias pruebas de supuestas violaciones contra el orden liberal democrático recopiladas por juristas y expertos desde comienzos de 2019, constituye la base para la vigilancia de la AfD en su conjunto, señala la publicación. Entre los documentos recopilados figuran varios centenares de discursos y declaraciones de representantes de este partido en todos sus niveles.

A ellos se suman vínculos con organizaciones de extrema derecha como el “Movimiento Identitario”, la publicación “Compact” y el laboratorio de ideas de reciente creación “Instituto para políticas de Estado”.

Francia por su lado, ha anunciado este miércoles la disolución del grupo ultraderechista Genération Identitaire, conocido por sus mensajes xenófobos y en el punto de mira de las autoridades desde enero, a raíz de las medidas de presión adoptadas contra inmigrantes. 

Génération Identitaire “incita a la discriminación o a la violencia hacia individuos por razones de origen, raza y religión”, reza el decreto oficial, en el que se apunta que el grupo presenta un esquema organizativo propio de “una milicia privada”. 

Asimismo, las autoridades denuncian sus vínculos con otros “grupúsculos de ultraderecha” en favor de doctrinas supremacistas, incidiendo en que Génération Identitaire ha recibido donaciones del autor del atentado de marzo de 2019 en Christchurch (Nueva Zelanda) 

La organización, que presume en su página web de que varios líderes políticos se han opuesto a la disolución, entre ellos la ultraderechista Marine Le Pen, sostiene que el Gobierno quiere prohibir sus actividades para ocultar sus errores en otros ámbitos.

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Redacción
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