Reportes afirman que Estados Unidos destruyó una granja en vez de un centro narcoterrorista en su último ataque en Ecuador

Un supuesto campo de entrenamiento para grupos dedicados al narcotráfico en Ecuador que fue destruido con ayuda del gobierno de Estados Unidos es señalado por los vecinos de la localidad como una granja. La disputa entre la versión oficial y lo recabado por periodistas en el territorio pone un manto de duda sobre las operaciones hechas con la asistencia de la administración Donald Trump, que recientemente convocó a líderes de América Latina para firmar un marco de cooperación que incluye el uso de fuerza militar contra presuntos “narcoterroristas”.

El operativo realizado en la aldea de San Martín, fronteriza entre Ecuador y Colombia, fue utilizado para promocionar la alianza entre gobiernos latinoamericanos con Washington D.C. bajo la administración republicana. “Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Hegseth, el Departamento se une con socios a través del hemisferio occidental para detectar, interrumpir y destruir a las organizaciones terroristas designadas que alimentan la violencia y la corrupción”, sostuvo en su cuenta de X el portavoz del Pentágono Sean Parnell el pasado 6 de marzo, cuando comunicó que “por pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra ejecutó acciones precisas para avanzar con nuestro objetivo común de desmantelar redes narco-terroristas”.

Reportes afirman que Estados Unidos destruyó una granja en vez de un centro narcoterrorista en su último ataque en Ecuador

El mensaje era el prólogo para un video oficial del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con escenas filmadas en distintos planos que mostraban un bombardeo sobre una instalación montada a la orilla de un río. Según la información oficial, el sitio era un campo de entrenamiento para los denominados Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que está involucrada en el narcotráfico. El cuerpo de agua resultó ser el río San Miguel, que marca la frontera norte entre Ecuador y Colombia, y el punto específico la aldea de San Martín, donde cerca de dos docenas de familias viven en un paraje remoto asolado por la violencia de grupos que buscan dominar el tráfico de cocaína entre ambos países y unidades del ejército ecuatoriano que operan lejos de los focos de la opinión pública.

Por eso adquirió valor el trabajo de periodistas de la agencia AFP y del New York Times, que viajaron al lugar de los hechos para corroborar lo dicho por las autoridades. Al llegar al sitio, numerosos vecinos señalaron que el lugar destruido no era un campo de entrenamiento de ninguna organización conocida, sino una granja con producción avícola, porcina y bovina.

“Es un escándalo”, dijo al NYT Miguel, el dueño de la granja, mientras se paraba sobre los restos carbonizados de sus pollos. “Es una mentira que cincuenta personas entrenaban acá. ¿Dónde van a entrenar? ¿Acá al aire libre? No tiene lógica”. “A donde sea que mires hay animales: las vacas que ordeño, los terneros, los caballos”.

Los locales aseguraron que el ejército de Ecuador acudió al lugar tres días antes del bombardeo para prender fuego el complejo de tres casas, supuestamente para asegurarse que nadie estuviera adentro. Un grupo denunció además haber sido interrogado con violencia por los militares, lo que motivó la intervención de la Alianza por los Derechos Humanos. Esta coalición de grupos ecuatorianos llenó un reclamo de 13 páginas al gobierno local y las Naciones Unidas, sosteniendo que los supuestos ataques a narcoterroristas fueron en realidad contra población civil. “No hay un solo oficial que haya venido a verificar qué pasó”, se quejó María Espinosa, la abogada que representa a los damnificados.

El devenir de la investigación podría echar luz sobre el mecanismo previo de la operación, que fue promocionada como un ejemplo del trabajo en conjunto que puede esperarse del denominado Shield of the Americas. Se trata de una iniciativa proveniente del Departamento de Guerra de Estados Unidos que ya cuenta con la firma de distintos gobiernos del continente, entre ellos la Argentina, con el fin declamado de combatir al “narcoterrorismo” en el hemisferio.

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