La Memoria Detallada del Estado de la Nación 2025 reafirma que la Cuestión Malvinas continúa siendo una política de Estado irrenunciable para la República Argentina, con un enfoque que combina acción diplomática multilateral, monitoreo estratégico del Atlántico Sur y reconocimiento permanente a los veteranos de guerra.

En un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas, el informe destaca que el Gobierno sostuvo con firmeza “los derechos legítimos e irrenunciables” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en conformidad con la Constitución Nacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.
Durante 2025 se preservó la posición nacional en foros multilaterales y bilaterales, logrando avances diplomáticos significativos. Se adoptó por consenso una nueva resolución del Comité de Descolonización de la Naciones Unidas; la Organización de los Estados Americanos aprobó por aclamación una declaración de respaldo; y el MERCOSUR, el Grupo de los 77 y China reiteraron su apoyo a los derechos argentinos.
Asimismo, la Cuestión Malvinas fue incluida en la declaración conjunta de la Cumbre CELAC-UE, reforzando su visibilidad en el diálogo birregional entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. El año también estuvo marcado por el 60° aniversario de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, considerada un hito diplomático al reconocer la existencia de una disputa de soberanía e instar a las partes a negociar.
El informe subraya que se monitorearon y protestaron las acciones unilaterales del Reino Unido que alteran la situación en el Atlántico Sur, particularmente en materia de explotación de recursos naturales y defensa. En paralelo, se profundizó un enfoque integral que vincula la Cuestión Malvinas con los derechos en el Sector Antártico Argentino y el desarrollo de políticas oceánicas, consolidando una visión sistémica del espacio austral.

En el plano interno, se avanzó en la implementación de los cursos obligatorios, periódicos y permanentes sobre la Cuestión Malvinas establecidos por la Ley 27.671, alcanzando a más de 15.500 empleados públicos desde su lanzamiento. Además, se promovió la articulación federal a través del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, integrando a las provincias en la estrategia diplomática y comercial vinculada al Atlántico Sur.
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