Alemania confirmó que volverá a autorizar exportaciones militares hacia Israel a partir del 24 de noviembre, pero bajo un régimen estrictamente “caso por caso” y sujeto a la vigencia del alto el fuego en Gaza. La medida revierte parcialmente la suspensión anunciada en agosto de 2025 por el canciller Friedrich Merz, quien había frenado todas las licencias que pudieran emplearse en operaciones dentro del enclave. La decisión marca un nuevo capítulo en una relación de décadas en la que Berlín se consolidó como segundo proveedor militar de Israel, detrás de Estados Unidos.
Desde principios de los 2000, Alemania ocupó un lugar estructural en la arquitectura militar israelí. De acuerdo con datos de SIPRI, cerca del 30 % de las importaciones de armas de Israel provino de empresas alemanas durante las últimas dos décadas. El portafolio no se limita a suministros menores: incluye submarinos clase Dolphin, construidos por TKMS con apoyo financiero alemán; corbetas Sa’ar 6, producidas en astilleros alemanes y equipadas luego por Israel; motores, componentes para blindados, piezas de artillería, y un amplio flujo de equipamiento logístico y defensivo. En 2023, Berlín aprobó exportaciones por 326,5 millones de euros, el valor más alto en más de una década.
Ese peso estratégico siempre estuvo enmarcado en un principio político: desde 2008, cuando Angela Merkel afirmó ante el Knéset que la seguridad de Israel es parte de la “razón de Estado” alemana, la política exterior de Berlín incorporó una dimensión histórica y moral ligada al Holocausto. Bajo gobiernos de distinto signo —Merkel, Scholz y luego Merz— el respaldo político y militar a Israel se mantuvo como una constante, incluso frente a debates internos y presiones externas.
La guerra en Gaza alteró ese equilibrio. Tras el ataque de Hamas en 2023, Alemania sostuvo un apoyo firme a Israel, pero la presión internacional aumentó a lo largo de 2024. Nicaragua demandó a Alemania ante la CIJ por supuesta complicidad en crímenes internacionales, mientras tribunales alemanes recibieron denuncias de ONG y residentes de Gaza que buscaban bloquear exportaciones. Aunque las cortes rechazaron esas medidas, obligaron al gobierno a detallar criterios y controles, y el tema pasó a formar parte del debate público sobre el alcance de la Staatsräson.
El quiebre llegó el 8 de agosto de 2025, cuando el gabinete israelí aprobó un plan para ocupar completamente Gaza City. Merz anunció entonces que Alemania no autorizaría ninguna exportación que pudiera utilizarse en Gaza, argumentando que Berlín “no puede apoyar un conflicto perseguido solo por medios militares”. Fue la primera vez que un canciller alemán vinculó de forma explícita el suministro de armamento a Israel con condiciones humanitarias y de derecho internacional, un hito interpretado como la revisión más profunda del principio de razón de Estado en casi dos décadas.
La decisión provocó tensiones internas. Dirigentes de la CDU/CSU criticaron a Merz por “quebrar” una política histórica, mientras sectores del gobierno y parte de la opinión pública consideraron la medida una actualización necesaria frente a los estándares legales internacionales y a la posición que Alemania busca ocupar dentro de la UE. Para diplomáticos europeos, la suspensión también actuó como respuesta a la presión jurídica y política acumulada en 2024 y 2025 sobre el rol de Berlín en el conflicto.
El anuncio del 17 de noviembre de 2025 reabre parcialmente el flujo de licencias, pero sin regresar al modelo previo. Berlín condicionará cada autorización a dos variables: que se mantenga el alto el fuego en Gaza vigente desde octubre y que continúe la ayuda humanitaria a gran escala hacia el enclave. En la práctica, esto implica que Alemania aún puede bloquear envíos si el conflicto se reenciende o si considera que las condiciones humanitarias se deterioran. El retorno al esquema, caso por caso, combina la continuidad histórica del vínculo militar con Israel con una supervisión más estricta que refleja el giro político iniciado en agosto.
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