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La brecha entre Estados Unidos y China en la construcción naval militar y comercial se ha ampliado significativamente en los últimos años. Mientras Pekín sigue expandiendo su flota, Washington enfrenta serias dificultades para mantener su capacidad de producción y mantenimiento de buques. La reciente decisión del gobierno estadounidense de impulsar medidas para revitalizar la industria naval responde a una necesidad estratégica en medio de una creciente competencia geopolítica.
El presidente Donald Trump anunció la creación de una oficina en la Casa Blanca para reactivar la construcción naval militar y comercial, subrayando la importancia de esta industria para la seguridad nacional. La medida llega en un momento en el que Estados Unidos cuenta con 296 buques en su Armada, mientras que China está a punto de superar los 400 este año.
A pesar de los esfuerzos de Washington por expandir su flota, el número de embarcaciones ha disminuido. En el presupuesto del año fiscal 2024, se financiaron solo seis nuevos buques, pero se desmantelaron 15, lo que supuso una pérdida neta de nueve. Para 2025, se prevé la incorporación de seis nuevas embarcaciones, pero la retirada de 19, lo que resultará en una reducción adicional de 13 unidades.
La industria naval estadounidense depende en gran medida del sector militar, con empresas como Huntington Ingalls Industries (HII), BAE Systems y Fairbanks Morse Defense enfrentando dificultades debido a la falta de contratos. Brad Moyer, vicepresidente de BAE Systems Ship Repair, afirmó que su empresa opera al 50 % de su capacidad, reflejando la debilidad del sector.
Problemas estructurales y falta de inversión
El declive de la construcción naval en Estados Unidos no es solo una cuestión de financiación, sino también de inestabilidad en la cadena de suministro y falta de personal capacitado. La incertidumbre en la aprobación de presupuestos ha generado una caída en la demanda, lo que ha llevado a la quiebra de numerosos proveedores y a una reducción en la disponibilidad de repuestos clave.
El almirante Jim Kilby, Jefe Interino de Operaciones Navales, reconoció que la Armada no ha tenido el presupuesto necesario para reemplazar sus buques antiguos, lo que ha llevado a una política de “uno entra, uno sale”. La falta de previsibilidad en los contratos ha generado despidos masivos, como los 300 empleados que perdió BAE en la Costa Oeste en 2023.
La escasez de trabajadores cualificados también ha afectado a la industria. En el astillero de HII en Pascagoula, Misisipi, la empresa ha tenido dificultades para retener a los más de 11.000 empleados necesarios para la construcción de buques militares. La competencia con otros sectores y la reducción de la brecha salarial han llevado a una alta rotación laboral, lo que compromete la capacidad productiva.
La urgencia de reactivar la construcción naval
En un intento por reducir costos y garantizar la producción de buques estratégicos, el Congreso aprobó la compra en bloque de cuatro buques anfibios, lo que permitió ahorrar 900 millones de dólares al Pentágono. Sin embargo, la falta de inversión sostenida sigue siendo un obstáculo para la recuperación del sector.
El senador Mark Kelly ha impulsado un proyecto de ley para revitalizar la flota comercial estadounidense, que ha pasado de 10.000 barcos durante la Segunda Guerra Mundial a solo 85 en la actualidad. La Ley de Barcos para América propone aumentar la flota en 250 unidades en una década, lo que también fortalecería la capacidad de producción de buques militares.
Mientras China construye más de 1.000 barcos comerciales al año, Estados Unidos apenas alcanza cinco. Pekín cuenta con astilleros de gran escala que superan en capacidad a toda la industria naval estadounidense combinada, lo que refuerza su dominio en el comercio marítimo y la logística militar.
El deterioro de la industria naval estadounidense no solo pone en riesgo la capacidad operativa de la Armada, sino que también compromete la seguridad nacional en un escenario de creciente rivalidad con China. La reactivación del sector requiere una estrategia de largo plazo que garantice inversiones sostenidas, estabilidad en la cadena de suministro y una recuperación del capital humano necesario para mantener a flote la capacidad productiva del país.
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