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Una serie de 53 grabaciones filtradas revelaron que altos oficiales militares de Brasil presionaron al expresidente Jair Bolsonaro en 2022 para que tomara medidas extraordinarias destinadas a evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, y así permanecer en el poder. Las grabaciones, obtenidas por la Policía Federal y a las que tuvo acceso el medio The Associated Press, muestran conversaciones en las que se discute abiertamente la posibilidad de un golpe de Estado como respuesta a la victoria electoral de Lula.
En una de las grabaciones más explícitas, el coronel Roberto Raimundo Criscuoli, ex subcomandante de las fuerzas especiales, afirmó: “Será una guerra civil ahora o una guerra civil después. Ahora tenemos una justificación; la gente está en las calles, tenemos un apoyo masivo”. Esta declaración, dirigida al general Mario Fernandes, subraya el nivel de urgencia y convicción con el que algunos sectores del ejército contemplaban la ruptura del orden democrático.
En este contexto, el juez Alexandre de Moraes utilizó estas grabaciones para emitir órdenes de arresto contra cinco personas acusadas de planear el asesinato de Lula y de intentar derrocarlo el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia. Sin embargo, el expresidente Bolsonaro no aparece directamente en las grabaciones ni en las acusaciones vinculadas.
Además, otras conversaciones revelan un debate más amplio dentro del ejército sobre los límites constitucionales y las opciones disponibles. En esta línea, el coronel Reginaldo Vieira de Abreu afirmó que “la Constitución debe ser ignorada”, mientras que el teniente coronel Mauro Cid advertía que el tiempo para actuar se estaba agotando antes de la certificación electoral del 12 de diciembre.
El golpe de Estado en Brasil no obtuvo consenso dentro la cúpula militar
Sin embargo, pese a las presiones, no hubo consenso dentro del alto mando militar para respaldar un golpe. Miles de seguidores de Bolsonaro acamparon frente a instalaciones del ejército en busca de apoyo militar, pero se disolvieron tras los disturbios del 8 de enero y la intervención del nuevo comandante del ejército. El tribunal electoral brasileño declaró posteriormente a Bolsonaro inelegible para cargos públicos hasta 2030, y enfrenta múltiples investigaciones judiciales por abuso de poder y otras acusaciones.
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