En una reunión de altos mandos militares en diciembre, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que no existían restricciones financieras y que el país proporcionaría los recursos que el Ejército necesitara. Dieciocho meses después del conflicto en Ucrania, parece que Putin está cumpliendo esta promesa, aunque lo está haciendo a expensas de la estabilidad económica interna.
Previamente a la reunión de diciembre, Putin ya había aprobado un presupuesto que asignaba 4,98 billones de rublos (equivalentes a US$ 52.000 millones según el cambio actual) para la “defensa nacional” en 2023, un leve incremento respecto al año anterior. Sin embargo, un documento gubernamental revelado a principios de este mes señaló que esta cifra se ha duplicado, alcanzando los 9,7 billones de rublos (equivalentes a US$ 101.000 millones). Esto equivale casi a tres veces el gasto ruso en defensa en 2021, antes de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
Expertos sugieren que estas cifras probablemente subestiman el gasto total en la actividad bélica rusa. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, que rastrea el gasto militar global, estima que la partida presupuestaria denominada “defensa nacional” solo representa aproximadamente el 75% del gasto militar total de Rusia.
Richard Connolly, especialista en economía rusa del Real Instituto de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad, apunta a que es probable que el gasto militar de este año exceda los US$ 100.000 millones. Connolly destaca que, mientras Rusia solía destinar entre el 3% y el 4% de su producto interno bruto anual a la defensa antes de la guerra, actualmente podría estar gastando entre el 8% y el 10%.
Teniendo en cuenta el contexto de precios en Rusia, Janis Kluge, asociada principal del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, estima que el equivalente en dólares para 2023 podría ser aún mayor, posiblemente acercándose a los US$ 300.000 millones.
La generosidad del Kremlin hacia sus fuerzas armadas ha tenido un elevado costo económico. El déficit presupuestario de Rusia ha aumentado significativamente desde el comienzo del conflicto debido a la reducción de los ingresos por exportaciones de petróleo y gas, producto de sanciones occidentales y descuentos para los compradores restantes. La disminución de los precios de la energía este año y los recortes de producción han incrementado la presión económica.
En medio de estas dificultades, Rusia ha tenido que recurrir a solicitar más préstamos. La deuda pública, que en la actualidad corresponde al 14,9% del PIB, está en aumento. No obstante, el gobierno planea mantenerse dentro del límite del 20% del PIB, nivel que ha sido posible gracias a los ingresos provenientes de la energía y materias primas.
Aunque las exportaciones rusas continúan superando el valor de las importaciones, el superávit ha disminuido considerablemente en comparación con el año anterior, acercando al país a un déficit. Dado que Rusia no puede depender de las entradas de capital extranjero debido a las sanciones y restricciones en los mercados de capitales occidentales, el déficit por cuenta corriente presenta un desafío.
La moneda rusa, el rublo, ha sido impactada, depreciándose en más del 30% frente al dólar a lo largo del año. Esta depreciación ha contribuido a la inflación, lo que ha llevado al Banco Central de Rusia a elevar las tasas de interés para controlarla.
El incremento del gasto militar ha impulsado la producción industrial y, por consiguiente, el PIB de Rusia. No obstante, los economistas advierten que este tipo de crecimiento no es sostenible a largo plazo y podría requerir aumentar impuestos o reducir inversiones en infraestructura, lo que afectaría el desarrollo a largo plazo y el nivel de vida de Rusia.
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