Los últimos hechos de violencia registrados en la frontera con Venezuela entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han vuelto a convertir al departamento de Arauca en una auténtica zona de guerra.
El saldo de muertos alcanzado durante el primer fin de semana del año asciende a 27 como resultado de las disputas territoriales que mantienen los grupos armados en los distintos municipios del departamento que limita con Venezuela. Como consecuencia de estos hechos, el alto número de desplazados por conflicto armado ha agravado una crisis humanitaria que ya es de larga data y que involucra tanto a los grupos irregulares colombianos como a las relaciones bilaterales entre ambos estados.
Tanto el ELN como las FARC vieron su expansión durante la explosión del narcotráfico en los años 90 y, aunque ambos grupos guerrilleros compartían los mismos principios marxistas, siempre mantuvieron una marcada rivalidad histórica. Los enfrentamientos entre los dos grupos armados en Arauca entre los años 2004 y 2010 dejaron alrededor de 500 civiles y 600 subversivos muertos, sumado a las más de 50.000 personas desplazadas.
Fue en el 2010 cuando acordaron poner fin a la violencia repartiéndose el control de las rutas y espacios dedicados al narcotráfico y al contrabando en la región limítrofe con el país vecino. Luego del proceso de paz acordado en el 2016, las FARC se vieron fragmentadas en un conjunto de grupos disidentes que decidieron dar por terminado con dicho acuerdo.
Las causas de esa ruptura se explican por “diferencias existentes en un contexto de pandemia y a extorsiones y abusos del Frente 10 de las disidencias que los llevaron a enfrentarse con las fuerzas de seguridad venezolanas” según un estudio llevado a cabo por Human Rights Watch.
El gobierno del presidente Duque ha denunciado en reiteradas ocasiones que ambos grupos guerrilleros se refugian del otro lado de la frontera colombiana como es el caso del estado venezolano de Apure lindante con el departamento de Arauca. A su vez, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha defendido acusando al gobierno de Colombia de “abandonar la frontera y dejarla a merced de los grupos armados irregulares”.
Más allá de este cruce de declaraciones, la relación bilateral ya se encontraba paralizada desde que Duque no reconociera a Maduro como el legítimo presidente de Venezuela. En efecto, la agenda binacional se ha centrado principalmente en la seguridad fronteriza paralizando los canales de dialogo y dejando de lado las relaciones comerciales; una muestra clara de que históricamente ambos países han fracasado en construir una política de vecindad que persista en el tiempo.
Como resultado de este escenario, la desconfianza mutua se ha instalado en las relaciones entre ambos países, las cuales se encuentran determinadas por las crisis internas de cada nación altamente polarizada. Por un lado, el proceso de paz en Colombia, aun inconcluso y, por otro, la delicada situación interna de Venezuela y la ausencia de mecanismos de gobernabilidad adecuados.
En suma, la escalada del conflicto entre grupos guerrilleros agrava la crisis económica en Arauca, generando el desplazamiento forzado de la población rural y una tasa de desempleo equivalente a la más alta del país. De ahí que, un conflicto de esta naturaleza produce una pérdida de confianza en el ámbito empresarial y potenciales inversores en la región, al mismo tiempo que genera un vacío institucional producto de la desidia estatal, la ausencia del monopolio de la fuerza pública y la falta de cooperación entre las naciones vecinas.
En definitiva, una serie de desafíos que deberá hacer frente el próximo presidente de los colombianos a ser electo en los comicios de agosto. Acciones que involucran retomar las negociaciones y el diálogo con los grupos disidentes, el ELN y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.
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