Con el reconocimiento de parte de 21 militares del ejรฉrcito colombiano aceptando su responsabilidad por el asesinato y desapariciรณn forzada de personas inocentes ante la Jurisdicciรณn Especial para la Paz (JEP)  se abre un camino hacia la reparaciรณn de las vรญctimas y la reconciliaciรณn con la fuerza pรบblica.

Los llamados โ€œfalsos positivosโ€, el asesinato de personas a manos del ejรฉrcito que fueron presentadas falsamente como guerrilleras, representa uno de los capรญtulos mรกs oscuros en la historia de Colombia. En el hecho, las fuerzas militares abatieron al menos a 6.402 civiles presentรกndolos como โ€œbajas en combateโ€ durante los aรฑos de gobierno de รlvaro Uribe ente el 2002 y 2008.

La Jurisdicciรณn Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia creado por el Acuerdo de Paz con las Farc-EP. Es la encargada de administrar justicia y satisfacer los derechos de las vรญctimas a la justicia, ofreciรฉndoles verdad y reparaciรณn, contribuyendo a una paz estable. ย Su existencia representa una amenaza expresa para los miembros del partido Centro Democrรกtico (CD) fundado por el ex presidente รlvaro Uribe Vรฉlez, quienes siguen oponiรฉndose sistemรกticamente a la justicia transicional.

Por ejemplo, en el primer foro de los precandidatos por el CD en Octubre pasado, la senadora Marรญa Fernanda Cabal afirmaba rotundamente que โ€œlos 6.402 falsos positivos son un invento de la izquierdaโ€. En efecto, segรบn los detractores de los acuerdos de paz โ€œlas ejecuciones extrajudiciales son parte de una narrativa que solo busca destruir el honor de la Fuerza Pรบblica y que con la JEP se inventaron un tribunal a la medida de las Farcโ€.

Por el contrario, con las recientes declaraciones hechas por los miembros del Ejรฉrcito se deja en evidencia la responsabilidad del Estado en relaciรณn a los crรญmenes perpetrados durante el gobierno de Uribe. De este modo, se cierra una brecha de aรฑos en el paรญs donde por un lado, los familiares de las vรญctimas exigรญan verdad y justicia, y por el otro quienes alegaban que solo se tratรณ de unos pocos casos aislados y justificados.

Con el reconocimiento pรบblico ante lo ocurrido del general en retiro Paulino Coronado Gรกmez, no solo representa un paso esencial en el proceso de reconciliaciรณn y bรบsqueda de verdad; sino tambiรฉn la aceptaciรณn por parte de los altos mandos del ejรฉrcito de que estaban en conocimiento de los hechos. Asimismo, es una forma de confesar que el Estado creo grupos paramilitares con la sola finalidad de perpetrar dichos crรญmenes.

Es decir, son acciones que van en lรญnea con las demandas realizadas durante aรฑos por las vรญctimas: โ€œque pidan perdรณn, que acepten los cargos y reconozcan la existencia de estos crรญmenes revelando quiรฉnes fueron los altos mandos que dieron la ordenโ€. Al mismo tiempo, son pasos esenciales que la JEP debe tomar con el objetivo de resarcir el daรฑo causado a las vรญctimas, no enfocรกndose tanto en las penas del tipo retributivas a las que el paรญs estaba acostumbrado histรณricamente.

Como resultado de la aceptaciรณn de los โ€œfalsos positivosโ€, los militares hallados como responsables de crรญmenes de guerra y lesa humanidad recibirรกn sanciones del tipo restaurativas, evitando de esta manera ir a prisiรณn.

En suma, estas primeras imputaciones y reconocimientos ย constituyen solo el comienzo de un largo proceso que involucra a un gran nรบmero de miembros de la Fuerza Pรบblicaย  en la bรบsqueda de reparaciรณn hacia las vรญctimas y la reconciliaciรณn con los diferentes actores del conflicto. Son importantes pasos que ย empoderan a la justicia transicional en el arduo camino de reconstrucciรณn de la verdad y, al mismo tiempo, deslegitiman a sus mรกs arduos difamadores.

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Damiรกn Gariglio
Licenciado en Ciencia Polรญtica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Master en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Miembro de la Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), Asesor en Desarme Humanitario en Campaรฑa Colombiana contra Minas Antipersonales (CCCM)

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