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Las redes internacionales del crimen organizado representan un problema de gran magnitud en América Latina, causando un grave impacto en la política y la economía de la región.
Según Rodrigo Valdés, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el hemisferio occidental, en una entrevista con el Financial Times, destacó que: “es esencial que los gobiernos latinoamericanos colaboren en la lucha contra estos grupos ilegales. Sus actividades, que incluyen el tráfico de drogas y personas, así como la extorsión, están perjudicando la inversión y el crecimiento económico, además de afectar negativamente la calidad de vida de la población”.
Valdés también destacó que la creciente demanda mundial de cocaína ha dado lugar al surgimiento de cárteles de droga más grandes y poderosos en toda la región. Además, las pandillas, algunas de las cuales tienen vínculos con el crimen organizado en Europa, Estados Unidos y África, han ampliado sus rutas de contrabando, provocando conflictos violentos en países previamente estables como Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay.
El FMI planea presentar una investigación durante su próxima reunión anual en Marrakech, Marruecos, que demuestra una correlación entre tasas de homicidios elevadas y un menor rendimiento económico, en términos de crecimiento e inversión. Además, las encuestas indican que el aumento de la delincuencia es una de las principales preocupaciones de la población en toda la región.
El economista chileno y exministro de finanzas, Rodrigo Valdés, que asumió la dirección del FMI en mayo pasado, mencionó que la ola de crímenes también está relacionada con problemas sociales como la desigualdad en la distribución de ingresos y la falta de oportunidades. Sin embargo, enfatizó la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado para combatir el crimen.
Es importante recordar que el 10 de agosto, el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado en un presunto atentado perpetrado por el Cártel de Sinaloa, fundado por el narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien actualmente está preso y condenado en Estados Unidos. Además, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló que Ecuador se ha convertido en un importante punto de salida de drogas ilegales hacia Europa y otros destinos.
La injerencia del crimen organizado en los procesos electorales
El crimen organizado ha intervenido en procesos electorales en América Latina durante al menos las últimas cinco décadas. Colombia es uno de los casos más estudiados, con evidencia de esta interferencia desde 1985 hasta 2022, incluso en la campaña presidencial de Gustavo Petro, actual presidente.
José Meléndez destaca que las últimas 13 administraciones presidenciales en Colombia experimentaron la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
Edgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala, analiza esta realidad en su libro “Crimen organizado en las Américas: Evolución reciente, amenaza a la democracia y agenda básica de política pública”. Gutiérrez identifica tres tendencias que caracterizan la influencia del crimen organizado en los países de la región:
- El crimen organizado no busca reemplazar al Estado nacional, sino aprovechar sus debilidades para garantizar sus intereses y aumentar su influencia. También busca debilitar el Estado de derecho.
- Busca obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la cooperación internacional en ese ámbito, afectando todos los aspectos de la vida social.
- Para consolidarse en el territorio, el crimen organizado sigue tres pasos: eliminar a sus rivales por la violencia, aumentar su poder y ganancias mediante la influencia política y establecer una nueva realidad institucional y simbólica a través de la interdependencia entre el gobierno y el crimen organizado.
En 2022, el presidente de Honduras, Juan Hernández, fue extraditado a Estados Unidos bajo acusaciones de colaboración con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa. Previamente, en 1990, el presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, fue extraditado a Estados Unidos debido a sus vínculos con el Cártel de Medellín, lo que resultó en la invasión estadounidense a Panamá en diciembre de 1989.
En México, se ha documentado la intervención del crimen organizado en elecciones municipales durante años y, a partir de 2018, también en elecciones estatales. De cara a las elecciones de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) considera que la violencia, entendida como “una conducta de agresión o amenaza que atenta contra la integridad física de las personas precandidatas o candidatas”, representa un riesgo para la equidad en la contienda y exige que los medios informen sobre estos incidentes para promover una cultura de denuncia.
La violencia del crimen organizado puede influir en los resultados electorales, ya sea a través de la violencia directa o mediante alianzas entre el gobierno o un partido político y los criminales, sin necesariamente recurrir a la violencia. El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los gobiernos, los partidos políticos y los candidatos deberían iniciar un diálogo para abordar la participación del crimen organizado en las elecciones de 2024. Esto es algo que se considera inevitable y que debe ser enfrentado de manera efectiva.
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