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Una investigación identificó más de 500 incidentes en los que barcos pesqueros rusos habrían merodeado sobre cables submarinos que conectan al Reino Unido con Europa y Estados Unidos, o seguido sus rutas durante varios kilómetros. Los registros, recopilados a partir de datos de la plataforma Global Fishing Watch durante cuatro años y medio, reavivaron las preocupaciones sobre la protección de una infraestructura crítica para las comunicaciones y la economía británica.
Según el informe, los movimientos de las embarcaciones podrían ser compatibles con tareas de reconocimiento de las rutas y ubicaciones de los cables. Ese conocimiento tendría un gran valor estratégico ante un eventual conflicto con la OTAN, ya que permitiría identificar infraestructura vulnerable. Sin embargo, los registros de navegación, por sí solos, no demuestran que los barcos estuvieran preparando operaciones de sabotaje ni que actuaran bajo órdenes directas del Kremlin.
Los cables submarinos, una infraestructura estratégica para el Reino Unido
Los cables de fibra óptica que atraviesan el fondo marino transportan comunicaciones internacionales y sostienen servicios esenciales para la actividad económica. Para el Reino Unido, cuya conectividad depende en gran medida de enlaces submarinos con otros países, su protección significa una cuestión de seguridad nacional.
La preocupación no se limita a los pesqueros. La Marina Real británica observó un submarino de ataque ruso de la clase Akula cerca de aguas británicas en abril. La actividad de submarinos rusos en el Atlántico Norte también generó advertencias, sin embargo, esos episodios deben analizarse por separado mientras no exista evidencia que los vincule directamente con los incidentes registrados por Global Fishing Watch.
Londres busca endurecer las sanciones por daños a cables
En el ámbito normativo, la legislación vigente contempla sanciones económicas que, en determinados supuestos, pueden ser de apenas 1.000 libras esterlinas. Las penas pueden ser más graves si se demuestra que la conducta se realizó en nombre de una potencia extranjera. La reforma buscaría actualizar un marco legal antiguo y dotar a las autoridades de herramientas más contundentes para responder ante incidentes.
En mayo, Liz Lloyd, entonces ministra de Economía Digital, había anticipado la intención del Gobierno de ampliar las medidas de protección frente a actividades hostiles. Entre las propuestas mencionadas figuraban sanciones más severas por daños causados por negligencia, mayores obligaciones de seguridad y nuevas facultades para responder con rapidez ante incidentes.
La amenaza a la infraestructura submarina
Las preocupaciones británicas se inscriben en un debate más amplio dentro de la OTAN sobre la seguridad de las infraestructuras submarinas frente a posibles operaciones de reconocimiento, interferencia o sabotaje. Los cables de comunicaciones, junto con otras conexiones submarinas, representan objetivos sensibles por su importancia para los servicios civiles y la actividad económica.
Finalmente, la combinación de vigilancia marítima, cooperación con aliados y actualización de las normas de protección aparece como parte de la respuesta británica. El objetivo es reducir las vulnerabilidades de la infraestructura estratégica y reforzar la capacidad de actuar ante posibles interferencias, en un escenario de mucha preocupación por las actividades rusas en el Atlántico Norte y las aguas que rodean al Reino Unido.
