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La administración británica de las Islas Malvinas puso en vigor una nueva reglamentación marítima que exige a determinadas embarcaciones informar su llegada a puerto con al menos 24 horas de anticipación y habilita su retención ante incumplimientos. La normativa, publicada el 6 de noviembre en la gaceta oficial del archipiélago, incorpora mayores exigencias de identificación, información sobre pasajeros y tripulantes, declaración de mercancías peligrosas y utilización de sistemas de seguimiento para buques pesqueros. Su entrada en vigor se produce mientras Argentina y Reino Unido mantienen una disputa por las actividades comerciales, pesqueras e hidrocarburíferas desarrolladas bajo autorización británica en el Atlántico Sur.
La disposición, denominada Maritime (Reporting Requirements) Regulations 2026, fue aprobada el 5 de noviembre por el gobernador británico Colin Martin-Reynolds, a partir de las atribuciones previstas en las ordenanzas marítimas y portuarias de 2017. Su publicación en el suplemento número 21 de la gaceta oficial determinó la entrada en vigor inmediata de las nuevas obligaciones.
El documento establece que los propietarios, agentes marítimos o capitanes de los buques comprendidos deberán comunicar a la autoridad marítima local la identificación de la embarcación, la cantidad de tripulantes y pasajeros, el último puerto visitado, el destino previsto, las operaciones que realizarán, el combustible utilizado y el horario estimado de salida.
La obligación de notificación anticipada alcanza a tres zonas portuarias identificadas expresamente en la normativa: Port William, que incluye Puerto Argentino; Berkeley Sound; y Fox Bay. Para las embarcaciones que se dirijan a las dos primeras áreas también se exige una comunicación por radio VHF al cruzar una línea de notificación marítima definida por las autoridades.
La reglamentación no comprende indiscriminadamente a todos los buques. Como regla general, excluye a embarcaciones de menos de 300 toneladas de arqueo bruto, determinados pesqueros menores, embarcaciones tradicionales y unidades recreativas de menos de 45 metros, aunque establece obligaciones particulares para los buques que transportan mercancías peligrosas o contaminantes. También excluye expresamente a buques de guerra, auxiliares navales y embarcaciones estatales utilizadas para servicios públicos no comerciales. En consecuencia, las nuevas exigencias no modifican directamente las obligaciones del HMS Medway, el patrullero de la Real Armada británica que opera alrededor del archipiélago.
Aviso previo, identificación de cargas y sanciones: qué cambia para los buques que ingresan a Malvinas
El artículo 5 de la reglamentación establece que los buques alcanzados deberán enviar electrónicamente la información requerida con al menos 24 horas de anticipación a su llegada prevista. Si el puerto de destino se define cuando faltan menos de 24 horas, la comunicación deberá realizarse tan pronto como esa información esté disponible. La normativa también obliga a informar inmediatamente cualquier modificación de los datos declarados. Para las embarcaciones que ingresen a las zonas portuarias de Port William o Berkeley Sound, el procedimiento incluye una comunicación adicional mediante radio VHF al atravesar la línea establecida entre Volunteer Point y Cape Pembroke.
Las exigencias son más amplias para los barcos que transportan mercancías peligrosas o contaminantes. En estos casos, la autoridad marítima deberá recibir información sobre la naturaleza técnica de la carga, sus cantidades, su ubicación a bordo y la existencia de manifiestos o documentos de transporte. La disposición contempla específicamente hidrocarburos, combustibles y otras sustancias que puedan representar riesgos de contaminación, utilizando definiciones y clasificaciones previstas en convenios internacionales de seguridad marítima y protección ambiental.
Estas obligaciones de información sobre mercancías peligrosas o contaminantes pueden alcanzar a embarcaciones independientemente de su tamaño, una excepción relevante respecto del umbral general de 300 toneladas. La autoridad marítima también podrá conceder determinadas exenciones cuando considere que ya recibió información equivalente o que las circunstancias del viaje hacen irrazonable exigir una nueva declaración. Esas excepciones deberán ajustarse a las obligaciones internacionales aplicables y no podrán utilizarse para eludir requisitos de los convenios SOLAS o MARPOL.
Otra modificación afecta directamente a la actividad pesquera. Los barcos de más de 24 metros de eslora que operen en aguas bajo administración británica, desembarquen sus capturas en puertos de las islas o estén registrados en el archipiélago deberán contar con sistemas de identificación automática AIS. Estos equipos permiten transmitir información sobre la posición, velocidad, rumbo e identidad de una embarcación. La reglamentación exige mantenerlos operativos de manera continua, salvo excepciones justificadas por razones de seguridad o por las condiciones previstas en instrumentos internacionales.
El documento también incorpora un régimen sancionatorio. Los incumplimientos de las obligaciones de notificación podrán derivar en multas, mientras que determinadas infracciones relacionadas con la instalación y utilización del AIS en buques pesqueros pueden castigarse con multas, penas de prisión de hasta dos años o ambas sanciones. La posibilidad de retención está prevista expresamente en el artículo 15, que habilita la aplicación de los mecanismos establecidos en la Ordenanza Marítima de 2017 cuando una embarcación incumpla las disposiciones del nuevo reglamento. Esto no significa que todos los incumplimientos produzcan automáticamente una detención ni que la normativa establezca penas de prisión por una simple demora en comunicar la llegada a puerto. Las consecuencias dependerán de la infracción y del procedimiento aplicable.
Las nuevas reglas aparecen mientras Argentina cuestiona el comercio y la pesca en Malvinas
La entrada en vigor de la reglamentación ocurre en un momento de controversia por las actividades económicas vinculadas con el archipiélago. Uno de los principales focos de tensión corresponde a la reapertura de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino, cuya operación estará a cargo del carguero chileno Danstar.
Como informó Escenario Mundial, el buque zarpó de Valparaíso el 29 de octubre para completar trabajos de acondicionamiento antes de comenzar los viajes comerciales hacia Malvinas. La empresa operadora proyecta inaugurar el servicio durante los primeros días de diciembre, aunque todavía no confirmó una fecha definitiva. La nueva normativa podría resultar aplicable a las operaciones portuarias de ese carguero cuando comience el servicio, siempre que se cumplan las condiciones de aplicación previstas en el reglamento. Sin embargo, el documento no menciona al Danstar, no establece disposiciones específicas para embarcaciones chilenas y tampoco identifica la nueva ruta como motivo de su aprobación.
En paralelo, el Gobierno de Tierra del Fuego impulsa medidas destinadas a cuestionar las actividades de los buques que abastecen las islas. Escenario Mundial informó el 5 de noviembre que autoridades fueguinas preparan una iniciativa legislativa para sancionar determinadas operaciones marítimas no autorizadas vinculadas con Malvinas. El proyecto, todavía no aprobado, podría alcanzar al Danstar y al MV Unispirit, otra embarcación utilizada para el transporte de carga hacia el archipiélago.
Las medidas argentinas y la reglamentación publicada por la administración británica corresponden a procedimientos jurídicos diferentes. Mientras la iniciativa fueguina busca establecer restricciones sobre actividades que considera contrarias a la legislación argentina, las nuevas reglas británicas regulan las obligaciones de información y seguridad de los buques comprendidos dentro de su ámbito de aplicación.
La controversia también alcanza a la industria pesquera. El 4 de noviembre, Escenario Mundial informó que la Justicia Federal de Río Grande admitió tramitar una demanda contra empresas vinculadas con la pesca en Malvinas por un reclamo que podría superar los US$26.000 millones. La decisión permitió avanzar con el proceso judicial, pero no implicó una condena contra las compañías involucradas ni la suspensión de sus actividades. La nueva reglamentación británica incorpora obligaciones de seguimiento para determinados pesqueros, pero no modifica por sí misma la disputa sobre la legitimidad de las licencias otorgadas por la administración de las islas.
También se produce mientras Argentina y Reino Unido se preparan para las audiencias del ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, vinculadas con el pedido argentino de medidas provisionales contra la explotación hidrocarburífera del proyecto Sea Lion. Por el momento, no existe evidencia documental de que el reglamento marítimo del 6 de noviembre haya sido aprobado como respuesta a las acciones diplomáticas, comerciales o judiciales argentinas. Su articulado se concentra en obligaciones de información, seguridad de la navegación, protección ambiental y seguimiento de embarcaciones.
La disposición incorpora, además, una obligación para los buques registrados en Malvinas que naveguen internacionalmente: respetar, en la medida razonablemente posible, las reglas de los sistemas de control del tráfico marítimo establecidos por otros Estados. Con su entrada en vigor, la administración británica dispone de una nueva herramienta normativa para exigir información anticipada sobre determinados movimientos portuarios, controlar mercancías peligrosas y sancionar incumplimientos, incluida la posibilidad de retener embarcaciones.
El impacto efectivo dependerá de cómo se aplique el reglamento a los buques mercantes y pesqueros que operan alrededor de Malvinas, particularmente en una etapa de reorganización de las conexiones comerciales y de mayores controversias por la explotación de recursos naturales. Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras Reino Unido conserva el control efectivo del archipiélago.
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