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Luego de que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, la la Cámara de Diputados aprobó su juicio político. La decisión llegó con el apoyo de sectores de su propio Partido Colorado.
En este sentido, con el aval de todas las bancadas en la Cámara Baja, el expediente fue derivado formalmente a la Cámara de Senadores, estamento que fue convocado a sesionar a partir de las 17:00 horas. El cuerpo legislativo actuará como tribunal juzgador para evaluar el trámite constitucional y procesar el documento de dimisión elevado por el exjefe de Estado.
Durante la sesión extraordinaria, el pleno de la Cámara Baja designó a los legisladores que ejercerán el rol de fiscales acusadores en la Cámara Alta. La decisión unánime reflejó el pleno acuerdo entre oficialistas, disidentes y bloques opositores para sostener la acusación legislativa por el presunto vaciamiento del Estado.
La crisis estalló el martes (3), cuando el Banco Central del Paraguay dispuso la resolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del capital mínimo exigido. La medida dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y expuso la presencia de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Con un video en redes sociales, Peña renuncia a la presidencia y se complejiza su situación judicial
El escándalo también alcanzó al propio Peña por sus vínculos económicos con el banco: el mandatario había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025. Además, Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central al momento de la intervención, había estado al frente de Financiera Ueno antes de asumir el cargo público.
En un mensaje difundido en video, Peña justificó su decisión en la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También afirmó que su prioridad es garantizar la devolución de los ahorros a los afectados por la crisis bancaria.
La renuncia abre ahora el proceso de sucesión constitucional, que coloca al vicepresidente Pedro Alliana como reemplazante para completar el mandato, previsto hasta agosto de 2028.
De forma paralela a la renuncia y al avance parlamentario, la situación procesal de Peña se complejiza en el fuero penal. Tras su dimisión, la Fiscalía General podría requerir de forma inminente su orden de captura e inhibición de bienes, mientras el Congreso nacional se apresta a concretar la sucesión institucional para tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana.
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