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Reino Unido detalla cómo busca permitir a empresas reclamar daños por sanciones argentinas vinculadas a Malvinas. Desde el oficialismo afirmaron que el gobierno británico ha anunciado su intención de introducir medidas, como parte de la respuesta de Reino Unido a las acciones argentinas dirigidas contra las actividades comerciales en las Islas Malvinas, para que las empresas y privados puedan reclamar daños ante las sanciones argentinas.
La información surgió como resultado de la consulta del diputado James McMurdock, quien elevó al Parlamento una consulta dirigida al Secretario de Estado de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio de Reino Unido sobre qué mecanismos se establecerán para supervisar el efecto de la legislación secundaria sobre las medidas argentinas dirigidas a la actividad comercial de Reino Unido en las Islas Malvinas, tomando en consideración las sanciones dirigidas contra Sea Lion.
El contexto previo
Como informó Escenario Mundial, recientemente la República Argentina anunció sanciones contra empresas, accionistas y proveedores del proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte, bajo la plataforma continental de las islas, cuya soberanía es reclamada por la República Argentina frente a Reino Unido. La medida fue anunciada, de hecho, por el Jefe de Estado argentino, Javier Milei, quien en cadena nacional detalló que agilizaría los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659.
Esta ley establece sanciones y restricciones para compañías e individuos involucrados en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Desde el argumento de la Cancillería argentina, el desarrollo de Sea Lion se produce bajo autorización unilateral de Reino Unido, que administra ilegítimamente las islas, sin tomar en consideración a la Argentina, incumpliendo, de este modo, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta insta formalmente a las partes en conflicto –Argentina y Reino Unido– a abstenerse de tomar y adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación de las islas, mientras continúe el proceso de negociación y el conflicto no esté resuelto.
La medida argentina no está limitada, únicamente, a las compañías operadoras sino que también se pretende avanzar contra accionistas, directores y proveedores vinculados con los proyectos desarrollados en las islas. “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, sostuvo el presidente argentino en el anuncio formal de las medidas.
La contrarespuesta de Reino Unido
En este contexto particular, Reino Unido ya estudia medidas a modo de contrarespuesta frente a las acciones argentinas dirigidas contra las actividades comerciales que se desarrollan en Malvinas, bajo autorización unilateral británica, como los proyectos petroleros y energéticos como Sea Lion. En esta línea, al ser consultado al respecto, el oficialismo británico sostuvo que el gobierno ha anunciado su intención de introducir medidas, conforme la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI por sus siglas en inglés), como parte de la respuesta británica a Argentina.
Según explicó Blair McDougall del Partido Laborista de Reino Unido, ante la consulta elevada por el legislador independiente James McMurdock, la PTI brindará protección adicional a las empresas británicas frente a los intentos de “obligarlas a cumplir con determinadas medidas argentinas aplicadas fuera de la jurisdicción argentina”. Incluyendo, en este sentido, la concesión de fundamentos jurídicos para que las empresas y privados británicos reclamen una indemnización, si así lo consideran, por los daños y perjuicios derivados de la aplicación de las medidas argentinas, dirigidas –según Londres– contra las actividades comerciales lícitas de las islas.
McDougall recalcó que el gobierno británico está dispuesto a utilizar todas las herramientas disponibles para defender la actividad comercial británica legítima en Malvinas, conforme la ley británica y los objetivos políticos de Downing Street. Según el legislador oficialista, los ministros y funcionarios del Servicio Británico de Industria y Comercio (BIST) están al tanto de varias empresas y compañías afectadas por las acciones y sanciones argentinas, tal como Escenario Mundial había adelantado en cuanto al proyecto de Sea Lion, donde Navitas Petroleum –la empresa israelí que dirige el desarrollo– tuvo que reemplazar a dos contratistas.
Desde el BIST, han estado en estrecho contacto con las empresas y firmas afectadas para demostrar el apoyo del gobierno británico, comprender sus inquietudes y evaluar cómo ayudarlas. El BIST planea, de hecho, continuar dialogando, en estrecho contacto, con las empresas afectadas por las sanciones argentinas y supervisando la eficacia de la respuesta del Reino Unido, según McDougall quien detalló cómo Reino Unido busca permitir a empresas reclamar daños y perjuicios frente a las sanciones argentinas vinculadas a Malvinas y las actividades comerciales en las islas, autorizadas unilateralmente por el enclave administrativo en las islas, mediante reclamos por indemnizaciones.
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