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En un escenario caracterizado por la contención del gasto público general —cuyo crecimiento se fijó en un acotado 1,5%—, el Ministerio de Defensa Nacional de Chile logró blindar sus partidas operativas e ingresar al Congreso un proyecto de Ley de Presupuestos 2027 con incrementos sustanciales. La propuesta para la Partida 11 asigna un presupuesto neto consolidado de $2.472.992 millones de pesos chilenos y US$ 197,94 millones de dólares, lo que representa un alza nominal del 10,32% en moneda nacional (+$231.368 millones) y un salto del 53,68% en moneda extranjera (+$69,14 millones respecto a 2026).
La principal novedad estratégica del proyecto radica en la partida en divisas destinada a bienes y servicios de consumo (Subtítulo 22), la cual aumenta un 77,95% al pasar de US$ 87,13 millones a US$ 155,06 millones en 2027. Este refuerzo financiero busca garantizar el sostenimiento técnico de sistemas de armas complejos, la logística internacional y el mantenimiento operativo en el exterior.
En el desglose en dólares por rama militar, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) lidera los incrementos con US$ 86,73 millones (+64,85%), seguida por la Armada con US$ 81,98 millones (+48,41%) y el Ejército con US$ 24,51 millones (+43,70%). En tanto, en el ámbito de los organismos dependientes en pesos, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) eleva sus recursos a $430.450 millones (+27,2%), Directemar alcanza $130.097 millones —destinando $3.395 millones a la fiscalización de la pesca ilegal—, mientras que el Estado Mayor Conjunto (Emco) registra una contracción del 25,84% ($7.810 millones) por menores transferencias centralizadas.
Esta inyección en divisas constituye el respaldo económico directo de la hoja de ruta de capacidades militares hacia 2043, presentada en la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas por el ministro de Defensa, Fernando Barros.
El ritmo de estas asignaciones financieras y anuncios técnicos conecta a su vez con la presión política ejercida desde la Cámara de Diputados. Durante una sesión realizada en las instalaciones del Comando Conjunto Austral en Punta Arenas, el presidente de la Comisión de Defensa, Álvaro Carter, exigió reformar la ley de financiamiento militar para establecer un presupuesto permanente e inalterable que no quede sujeto a las prioridades de los gobiernos de turno.
Esta postura legislativa responde a la pérdida de capacidades operativas experimentada en años recientes y busca equilibrar la balanza frente a los movimientos de los países vecinos: Argentina con la recepción de cazas F-16 de origen danés y solicitudes de crédito por hasta US$ 2.300 millones para submarinos y fragatas, y Perú con un proyecto de presupuesto de Defensa de US$ 3.470 millones para 2027 enfocado en la modernización de combatientes y de la base naval del Callao.
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