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El Gobierno argentino ordenó iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra Reino Unido por la explotación de hidrocarburos vinculada con el proyecto Sea Lion en Malvinas y emplazó a Londres a adoptar medidas dentro de un plazo de dos semanas, tras el cual Buenos Aires anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La decisión fue comunicada este 28 de septiembre por la Oficina del Presidente, que informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para poner en marcha el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo declarado por Argentina será intentar impedir el avance de la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte a través de Sea Lion y cuestionar nuevas autorizaciones británicas para explotar recursos naturales en los espacios marítimos en disputa.
El comunicado agrega un segundo paso. Argentina señaló que intimó formalmente al Reino Unido para que, dentro de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos y advirtió que, si Londres no cumple ese requerimiento, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales. El anuncio profundiza la estrategia jurídica anticipada por Milei el pasado 23 de septiembre ante Naciones Unidas, cuando afirmó que Argentina utilizaría las herramientas disponibles contra el avance de Sea Lion y sostuvo que el país ya no se limitaría al reclamo diplomático.
Argentina abre una nueva vía internacional contra Sea Lion
El mecanismo elegido por el Gobierno está contemplado en la propia Convención sobre el Derecho del Mar. Su Anexo VII establece que un Estado parte puede someter una controversia a arbitraje mediante una notificación escrita a la otra parte, acompañada por las pretensiones y los fundamentos del reclamo. La decisión lleva así el conflicto alrededor de Sea Lion a una instancia distinta de las protestas diplomáticas, sanciones administrativas y denuncias penales que Argentina viene acumulando durante septiembre.
Escenario Mundial informó a comienzos de mes que el Gobierno había decidido endurecer su estrategia frente al avance del proyecto petrolero, mientras el Poder Ejecutivo reglamentó mecanismos para ampliar las sanciones contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. El Decreto 868/2026 recordó además que diez compañías ya habían sido declaradas “clandestinas” por desarrollar este tipo de actividades.
Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte y es desarrollado por Navitas Petroleum junto con Rockhopper Exploration. El proyecto prevé avanzar hacia la explotación comercial de más de 300 millones de barriles, con producción proyectada desde 2028. La Argentina sostiene que esas operaciones se realizan sobre su plataforma continental sin autorización nacional y las considera contrarias a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que instó a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la disputa.
Reino Unido rechaza esa interpretación. Después del discurso de Milei ante Naciones Unidas, Londres calificó como “totalmente inaceptable” el intento argentino de aplicar su jurisdicción sobre las empresas vinculadas con la explotación petrolera.
Dos semanas antes de solicitar medidas al Tribunal del Mar
El paso anunciado este domingo no implica que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar vaya a resolver la disputa de soberanía sobre Malvinas. El comunicado argentino vincula la eventual intervención del tribunal con un pedido de medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que Argentina reclama sobre su plataforma continental mientras avance el procedimiento arbitral.
La CONVEMAR contempla precisamente la posibilidad de solicitar medidas provisionales cuando todavía no se constituyó el tribunal arbitral llamado a tratar la controversia. En ese escenario, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede intervenir para preservar los derechos de las partes o evitar daños mientras se conforma el tribunal correspondiente. El Gobierno fijó ahora un plazo concreto de dos semanas antes de avanzar con ese pedido.
La decisión llega después de que Reino Unido extendiera nuevas licencias hidrocarburíferas alrededor de Malvinas y pocos días después de que Milei utilizara su discurso ante la Asamblea General para advertir a las compañías internacionales que Argentina continuará tomando medidas contra quienes intervengan en la explotación de recursos sin autorización nacional.
En la misma comunicación, la Casa Rosada rechazó además la respuesta formulada por Reino Unido tras el discurso presidencial y cuestionó tanto la denominación británica de las islas como territorio de ultramar como el referéndum realizado en 2013. Buenos Aires reiteró que esos elementos no modifican, desde su posición, la existencia de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
Milei ordena sanciones y denuncias contra Thales UK por vuelos entre Malvinas y Punta Arenas
El comunicado incorporó además una medida separada vinculada con la conexión aérea entre Malvinas y Chile. Según informó la Oficina del Presidente, el Gobierno detectó operaciones realizadas por Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica, que Buenos Aires sostiene que se efectuaron sin autorización de las autoridades argentinas.
A partir de esa información, Milei ordenó iniciar “de forma urgente” procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes contra la empresa, además de realizar las gestiones diplomáticas pertinentes. El Gobierno no detalló en el comunicado cuántos vuelos fueron detectados, sus fechas, el modelo de aeronave utilizado ni la actividad específica que Thales UK desarrollaba en esa conexión.
La aparición de Punta Arenas vuelve a colocar a Chile dentro del entramado logístico que conecta a Malvinas con el continente sudamericano. El episodio aparece además un día después de que el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, respaldara públicamente el derecho de la comunidad magallánica a desarrollar actividades comerciales legales con las islas, aunque marcó una diferencia frente a operaciones relacionadas con petróleo y minería.
Las medidas contra Thales se suman así a las acciones que Argentina viene extendiendo hacia empresas, accionistas y proveedores relacionados con actividades que considera realizadas sin autorización en los espacios en disputa. Ese alcance constituye también uno de los ejes del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado este mes al Congreso, que comenzará a ser tratado en comisión el 30 de septiembre y amplía las herramientas administrativas y penales disponibles frente a actividades sobre recursos naturales en Malvinas y sus espacios marítimos.
La estrategia argentina queda ahora abierta en varios frentes simultáneos: sanciones internas, denuncias penales, una nueva legislación en discusión en Diputados y, desde este 28 de septiembre, el inicio de un procedimiento arbitral internacional contra Reino Unido con un plazo de dos semanas antes de que Buenos Aires avance con un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
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