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La tensión diplomática entre Argentina y Chile escala en el Atlántico Sur debido a la apertura de una nueva ruta marítima comercial desde la Región de Magallanes que facilitará la explotación petrolera en las Islas Malvinas. A pesar del acuerdo bilateral firmado en Santiago el pasado jueves 3 de septiembre entre los líderes políticos para frenar la logística no autorizada en la zona, la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC) y la naviera chilena Easter Island formalizaron un contrato estratégico que colisiona de forma directa con los reclamos de soberanía argentinos.
Este corredor logístico, programado para iniciar operaciones en noviembre de 2026, conectará de manera regular el puerto de Punta Arenas con Puerto Argentino, logrando reducir a la mitad el trayecto de abastecimiento que actualmente depende del puerto de Montevideo, situado a casi 2.000 kilómetros de distancia.
A través de este trayecto se enviará un flujo constante de materiales de construcción, repuestos mecánicos, provisiones y gas licuado, todos ellos insumos indispensables para el sostenimiento de la población del archipiélago y para la consolidación de la infraestructura auxiliar del yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las islas. Para eludir las restricciones de la declaración del Mercosur del año 2011, que prohíbe el ingreso a puertos regionales de buques con bandera de las islas y a la cual Santiago está adherido, las autoridades locales de Punta Arenas confirmaron que la embarcación operará bajo una bandera de conveniencia.
Este proyecto de integración comercial, que estima un poder de compra anual de 20 millones de dólares, se consolidará formalmente los días 28 y 29 de septiembre de 2026 con el arribo a territorio chileno de una delegación británica liderada por Louise Ellis y Mike Summers para concretar rondas de negocios con proveedores chilenos.
El despliegue de esta ruta marítima ya encendió las alarmas en el sector militar chileno, donde el excomandante en jefe de la Armada de Chile, almirante (R) Julio Leiva, advirtió que la medida desencadenará un choque inevitable con el gobierno argentino. La raíz del conflicto legal radica en la vigencia del Decreto PEN 256/2010, una normativa argentina que exige autorización gubernamental expresa para cualquier buque que navegue entre puertos continentales y las islas. Como respuesta directa a la actividad en Sea Lion, el Estado argentino ya ha cursado formalmente 45 notificaciones de sanción administrativa y penal contra diversas corporaciones e individuos vinculados a la explotación de hidrocarburos en aguas disputadas.
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