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Javier Milei anunció este jueves una batería de medidas vinculadas con el reclamo argentino por las Islas Malvinas que incluye acelerar y ampliar las sanciones contra empresas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion, aumentar mediante un DNU los recursos destinados a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y enviar al Congreso una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto creará además un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar las políticas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Los anuncios fueron realizados durante la cadena nacional convocada por el Presidente para explicar lo que definió como una nueva etapa del reclamo argentino. Milei vinculó la decisión principalmente con el avance de proyectos de explotación de recursos naturales alrededor de las islas y sostuvo que la Argentina utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales contra actores estatales y privados que participen de actividades que Buenos Aires considera no autorizadas.
El principal objetivo inmediato es Sea Lion, el proyecto petrolero impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las Islas Malvinas. Milei afirmó que el Gobierno determinó que el proyecto se encuentra próximo a iniciar una nueva etapa de actividad offshore y advirtió que, si Argentina no actúa, las compañías adquirirán la capacidad material de comenzar a explotar las reservas de hidrocarburos existentes en el área.
“Argentina no se quedará de brazos cruzados”, sostuvo. El Presidente aseguró que Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países relacionados con distintos proyectos desarrollados en las islas. Ahora busca avanzar sobre quienes efectivamente participen de esas operaciones.
Milei endurecerá las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores de Sea Lion
La primera medida anunciada será un decreto destinado a agilizar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659, que establece restricciones para personas y compañías involucradas en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Milei afirmó que el Gobierno fortalecerá los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la aplicación de sanciones. El alcance anunciado no estará limitado a las compañías operadoras. El Ejecutivo pretende avanzar también contra accionistas, directores y proveedores vinculados con los proyectos desarrollados en las islas.
“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, señaló Milei.
El Gobierno buscará además ampliar estas herramientas mediante un proyecto de ley que será enviado al Congreso con carácter urgente. La denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional modificará la Ley 26.659 para endurecer sanciones y extender el régimen a empresas proveedoras.
Según anticipó Milei, los infractores no podrán contratar en territorio argentino ni con el sector público ni con el privado. El proyecto también contemplará, cuando corresponda, mecanismos de juicio en ausencia y extenderá el esquema sancionatorio a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
La medida apunta directamente a complicar la cadena empresarial necesaria para sostener proyectos como Sea Lion, que dependen no solamente de Navitas y Rockhopper sino de contratistas, servicios marítimos, infraestructura, financiamiento y proveedores internacionales. El calendario del proyecto se encuentra efectivamente acelerándose. Rockhopper informó el 24 de agosto que los trabajos de infraestructura en las islas continúan avanzando, incluyendo la preparación de muelles, bases terrestres y alojamientos necesarios para recibir la plataforma de perforación.
La compañía prevé que la perforación de desarrollo comience a comienzos de 2027, mientras el primer petróleo de la fase inicial continúa proyectado para el primer trimestre de 2028. Por eso, la referencia presidencial a una explotación que comenzaría “en los próximos meses” debe distinguirse del inicio efectivo de la producción comercial: la actividad de perforación comenzaría durante 2027 y el denominado first oil permanece previsto para 2028.
Un DNU para la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y nuevas telecomunicaciones
La segunda decisión anunciada durante la cadena corresponde al plano de Defensa. Milei anticipó que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con dos prioridades expresamente mencionadas: avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades argentinas de telecomunicaciones.
El Presidente presentó el proyecto como una pieza central de la futura presencia argentina en el extremo austral. Según afirmó, la base deberá convertir a Tierra del Fuego en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y fortalecer la proyección geopolítica del país hacia esa región. La iniciativa conecta directamente el reclamo por Malvinas con otra discusión que el Gobierno viene desarrollando alrededor del Atlántico Sur y la Antártida: infraestructura, logística, comunicaciones y presencia permanente.
Durante el discurso, Milei sostuvo que el avance sobre Malvinas no puede pensarse únicamente desde la diplomacia. El mandatario vinculó la capacidad argentina de sostener su reclamo con el fortalecimiento económico y militar del país y afirmó que “un país pobre y sin Fuerzas Armadas difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos”. También colocó a la Antártida y al Atlántico Sur dentro de la creciente competencia internacional por recursos estratégicos. “Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses”, afirmó.
El Gobierno creará un Consejo de Seguridad Nacional
La tercera pata del anuncio será institucional. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional contemplará la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encargado de definir una Política de Seguridad Nacional de aplicación transversal para todo el Estado. Según Milei, el organismo articulará áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También deberá establecer un marco destinado a proteger infraestructura crítica y fortalecer la protección aeroespacial y marítima del territorio nacional.
El Presidente solicitará además al Congreso que otorgue al Consejo facultades para responder mediante herramientas económicas y diplomáticas contra actores estatales o no estatales que el Gobierno considere una amenaza para la seguridad nacional. Milei utilizó buena parte de la cadena para ampliar el concepto detrás de esa estructura. Según explicó, la seguridad nacional no debe limitarse a la defensa militar del territorio, sino incorporar inversiones, sistema financiero, recursos naturales, infraestructura estratégica, inteligencia y política exterior.
En esa definición, Malvinas y el Atlántico Sur pasan a ser tratados expresamente como una cuestión de seguridad nacional. La cadena también incluyó una referencia a las declaraciones recientes de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos se encuentra revisando su posición respecto de la disputa por Malvinas. Milei presentó esas palabras como una señal favorable para Argentina y las vinculó con el alineamiento estratégico construido con Washington.
Sin embargo, Estados Unidos todavía no anunció formalmente una modificación de su política sobre la disputa de soberanía y el Departamento de Estado no reconoció hasta ahora el reclamo argentino. La noticia concreta de este jueves estuvo entonces en las decisiones argentinas. El Gobierno buscará elevar el costo económico para las empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas, reforzar su infraestructura militar y logística en Tierra del Fuego y construir una nueva estructura institucional de seguridad nacional.
Las tres medidas todavía deberán atravesar distintas etapas. El decreto sancionatorio y el DNU deberán ser firmados y publicados para conocer su redacción definitiva, mientras la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional deberá ser enviada y posteriormente debatida por el Congreso. Milei cerró la cadena planteando el reclamo por Malvinas como una política que debería exceder al oficialismo y convocó a la dirigencia política, económica y social a sostener una posición común.
“Malvinas es el futuro; no es solamente una cuestión de nuestro pasado”, afirmó.
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