La nueva fase de la guerra entre Ucrania y Rusia ha sido marcada por la devastadora campaña de drones del SBU (Servicio de Seguridad de Ucrania) que ha trasladado el conflicto a la infraestructura crítica rusa, asfixiando su sector energético y degradando activos militares irremplazables. Tras concluir una operación de 40 días aprobada por el presidente Volodymyr Zelenski, se reportaron más de cien ataques exitosos contra objetivos estratégicos en territorio ruso y áreas ocupadas, logrando un impacto que trasciende lo táctico para golpear los pilares de la economía de guerra de Moscú. Esta estrategia de “sanciones kinéticas” ha logrado neutralizar aproximadamente el 40% de la capacidad de refinación primaria de petróleo en Rusia, alcanzando incluso la planta de Omsk a una distancia récord de 3.000 kilómetros.
El impacto de estos ataques sistemáticos contra al menos 14 refinerías y decenas de depósitos de combustible ha provocado una crisis de suministro interna que ya afecta a la población civil y al sector productivo ruso. Los informes de inteligencia señalan que la escasez de gasolina ha generado largas colas en estaciones de servicio de múltiples regiones, forzando a las autoridades del Kremlin a reconocer públicamente los problemas de logística.
Esta situación pone en riesgo directo la cosecha agrícola debido a la falta de combustible para la maquinaria, lo que añade una presión económica y social creciente sobre la retaguardia profunda de Rusia.
En el ámbito estrictamente militar, la campaña ucraniana ha priorizado la destrucción de la superioridad aérea enemiga mediante el ataque a activos que Moscú no puede reemplazar fácilmente. Un hito fundamental fue la destrucción de un bombardero estratégico Tu-95MS en el aeródromo de Engels, una aeronave cuya producción finalizó en 1992 y que representa el principal portador de misiles de crucero utilizados contra ciudades ucranianas. Además, se confirmó el derribo o daño crítico de cazas avanzados como el Su-35 y el Su-30SM, junto con la destrucción metódica de sistemas de defensa antiaérea, incluyendo radares Nebo-U y componentes del avanzado sistema S-400.
Esta degradación de las defensas rusas busca crear corredores seguros para que las oleadas de drones continúen golpeando centros de mando, como el centro de coordinación del FSB en Jersón, y la logística naval en el Mar Negro y el Caspio. Los drones marinos Sea Baby han dirigido sus ataques contra la “flota en la sombra” de Rusia, dañando tanqueros que operan para evadir sanciones internacionales.
Al mismo tiempo, la expansión de los ataques aéreos a 52 regiones federales rusas obliga al mando militar de Moscú a retirar sistemas de defensa de la línea del frente para proteger sus nodos económicos, debilitando su capacidad operativa ante las tropas ucranianas.
La campaña de 40 días, que también resultó en la destrucción de más de 21.000 piezas de equipo militar en el frente, no se plantea como una operación aislada sino como el inicio de una estrategia de agotamiento a largo plazo. Aunque los expertos militares consideran que estos ataques por sí solos no forzarán una paz inmediata, la acumulación de daños en la infraestructura y la logística está generando problemas estructurales que Rusia tiene dificultades para mitigar. Con la aprobación de nuevas misiones de largo alcance para agosto, la presión sobre el territorio ruso se intensificará, consolidando el cambio de una guerra de posiciones estáticas a una campaña de impacto profundo en el corazón del potencial bélico del agresor.
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