La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel adicional del 25% sobre la mayoría de los productos importados desde Brasil, una medida que entrará en vigor el próximo 22 de julio y que profundiza las tensiones entre las dos mayores economías del continente americano. Medios brasileño denuncian que la decisión, formalizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tras una investigación que se extendió durante aproximadamente un año, fue solicitada por Eduardo Bolsonaro.
En este sentido, el nuevo gravamen se aplicará de manera complementaria a los aranceles ya existentes. Esto significa que los productos que actualmente pagan una tasa de importación del 5% pasarán a afrontar una carga total del 30%, sumando el arancel regular al 25% adicional. La medida contempla una excepción transitoria para mercancías embarcadas antes del 22 de julio que ingresen a territorio estadounidense previamente al 29 de julio.
La investigación que sustenta la decisión fue realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Según la USTR, Brasil mantiene políticas consideradas perjudiciales para los intereses estadounidenses en áreas como comercio digital, servicios de pago electrónico, acceso al mercado del etanol, propiedad intelectual, lucha contra la corrupción y cuestiones ambientales relacionadas con la deforestación.
En realidad, Estados Unidos le declara la guerra a Pix
Esta justificación del organismo estadounidense es una forma elegante de declarar la guerra al sistema PIX, desarrollado por el Banco Central de Brasil, que impactó directamente sobre los grandes Visa, Mastercard, así como al sistema del dólar del país norteamericano. Al ser un servicio público y gratuito, les quita el negocio millonario de las comisiones por tarjetas y amenaza su dominio en la región. El gobierno defiende a Pix como una infraestructura pública innovadora que se convirtió en referencia internacional para los sistemas de pago digital.
El secretario de Estado, Marco Rubio, atribuyó directamente la responsabilidad de la medida al gobierno brasileño. En una publicación en la red social X, sostuvo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su administración “no negociaron de buena fe” con Washington. Rubio afirmó además que las políticas económicas impulsadas por Brasil resultan perjudiciales tanto para los trabajadores estadounidenses como para los brasileños.
Por su parte, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, señaló que las negociaciones desarrolladas durante el último año no permitieron resolver las diferencias identificadas por Washington. No obstante, aseguró que la Casa Blanca mantiene abierta la posibilidad de continuar el diálogo con Brasil para alcanzar modificaciones en los puntos cuestionados.
El gobierno de Lula condena la decisión y promete una respuesta de reciprocidad
Frente a esto, la respuesta de Brasil no se hizo esperar. El Palacio de Planalto calificó esta medida como un “hito lamentable” en la historia de las relaciones bilaterales y rechazó las acusaciones formuladas por la administración Trump. El gobierno brasileño insistió en que no existen fundamentos económicos que justifiquen medidas unilaterales de esta magnitud y reiteró que Estados Unidos acumula un amplio superávit comercial en la relación bilateral.
De hecho, a través de un comunicado afirmaron que Estados Unidos tiene un superávit comercial en su relación bilateral, habiendo acumulado un saldo positivo de US$424.500 millones en bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años. Además, el gobierno afirmó que la mayoría de los productos estadounidenses ingresaron al territorio brasileño sin pagar impuestos de importación.
Además de confirmar que la mesa de diálogo continua abierta, Lula también anunció una estrategia de respuesta que se basará en tres ejes: la diversificación de mercados de exportación, medidas de apoyo para las empresas afectadas y la aplicación de la Ley de Reciprocidad Económica aprobada por el Congreso brasileño. Paralelamente, Brasil prevé recurrir nuevamente a los mecanismos de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.
¿Un truco clásico de Trump?
La lista de productos exentos ofrece una señal a considerar sobre los límites de la ofensiva comercial estadounidense. Entre los bienes excluidos aparecen componentes aeronáuticos, determinados productos farmacéuticos, café, carne vacuna y otros insumos considerados estratégicos para cadenas de suministro estadounidenses. Estas excepciones pueden interpetrarse como una muestra de que Trump en realidad busca ejercer presión política sin generar una suba fuerte y significativa de precios para consumidores e industrias locales.
Pero más allá de la disputa comercial, este episodio refleja una dimensión geopolítica que se volvió más evidente durante los últimos años. Las relaciones bilaterales se vienen deteriorando por desacuerdos sobre regulación digital, tierras raras, seguridad y el acercamiento de Brasil a China. Además de su búsqueda de un rol más autonomo y de liderazgo en el tablero global, usando plataformas como el BRICS, Mercosur.
Esta decisión podría impactar en la carrera electoral de Lula y Bolsonaro por las presidenciales de Brasil
Lo cierto es que la decisión de Estados Unidos también irrumpió de lleno en la campaña presidencial brasileña y lo hizo en un momento especialmente sensible. La última encuesta de PoderData muestra a Lula con una ventaja mínima sobre Flávio Bolsonaro (45% a 43%), dentro de un escenario de fuerte polarización donde cualquier hecho externo puede tener impacto electoral.
En este contexto, a Lula le llegó una oportunidad política inesperada, al capitalizarlo las tensiones y los aranceles y presentarse como el defensor de los intereses brasileños. El presidente ya salió a advertir que Estados Unidos no debe interferir en el proceso electoral y busca instalar la idea de que la medida tiene un componente político además de económico.
Para Flávio Bolsonaro, en cambio, el episodio abre un frente incómodo. Distintos medios localeas e internacionales revelaron que el senador mantuvo contactos con funcionarios y dirigentes cercanos a Trump para abordar la cuestión de los aranceles, mientras que desde el oficialismo brasileño lo acusan directamente de haber impulsado gestiones para aumentar la presión sobre el gobierno de Lula.
Aunque el líder opositor rechaza esas acusaciones, el riesgo es que parte de la opinión pública asocie los nuevos impuestos a una estrategia política promovida por sectores vinculados al bolsonarismo. Si esa percepción gana terreno, Lula podría capitalizar el conflicto como una cuestión de soberanía nacional, mientras que Flávio Bolsonaro quedaría obligado a explicar por qué mantiene una relación tan estrecha con un gobierno extranjero que acaba de adoptar una medida que puede afectar exportaciones, empresas y empleos brasileños.
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