En Berna, el resultado del 14 de junio no representó un cierre definitivo, sino la continuidad de una discusión que Suiza lleva tiempo debatiendo: rechazó en referéndum la iniciativa que pretendía impedir que el país superara los 9,5 millones de habitantes antes de 2050. Sin embargo, los temas que motivaron la propuesta (asilo, vivienda, presión sobre la infraestructura y la relación con la Unión Europea) permanecen vigentes a través de otros mecanismos. Por lo tanto, el rechazo cerró una propuesta constitucional, pero no resolvió el debate subyacente.
La iniciativa “No a una Suiza de 10 millones”, promovida por el Partido Popular Suizo (SVP), fue rechazada por el 54,8% de los votantes, mientras que el 45,2% la apoyó. La participación alcanzó el 58,9%, una cifra elevada para un país acostumbrado a votar varias veces al año. El margen alcanzó para frenar el proyecto, pero no para borrar el dato político que dejó la urna: casi la mitad de los votantes respaldó una propuesta que vinculaba el crecimiento poblacional, la inmigración y la soberanía nacional.
El mecanismo propuesto era específico. Si la población residente permanente alcanzaba los 9,5 millones antes de 2050, el Gobierno y el Parlamento estarían obligados a implementar medidas para contener el crecimiento, especialmente en los ámbitos de asilo y reunificación familiar. En caso de que el país superara los 10 millones de habitantes, Berna debería revisar o rescindir los acuerdos internacionales que contribuyeran a ese incremento. El aspecto más sensible era el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea, vigente desde 2002. Suiza no rechazó el debate migratorio, sino ese instrumento en particular.
La primera señal de continuidad está en el propio SVP. El partido ya tiene en marcha otra iniciativa popular: “Asylmissbrauch stoppen!” —“Detener el abuso del asilo”—, también conocida como iniciativa de protección de las fronteras. La Cancillería Federal validó 107.974 firmas en noviembre de 2025, por lo que el texto continuará con su trámite institucional. La propuesta pide controles sistemáticos de ingreso, vigilancia de los pasos fronterizos, restricciones para quienes lleguen de terceros países considerados seguros y un límite de 5.000 concesiones de asilo al año.
El Consejo Federal ya recomendó rechazar esta iniciativa. Según el Gobierno, las medidas propuestas serían difíciles de implementar, generarían costos elevados para la Confederación y los cantones, y podrían afectar la cooperación de Suiza en los acuerdos de Schengen y Dublín. Este aspecto evidencia que la tensión no se resolvió con la votación del 14 de junio. La interacción entre control migratorio, costos internos y compromisos europeos volverá a surgir en futuras discusiones.
El segundo frente se abrió apenas cinco días después del referéndum. El 19 de junio, el Consejo Federal inició una consulta sobre el futuro del estatuto de protección S para ciudadanos ucranianos a partir de marzo de 2027. El Gobierno considera que no existe una perspectiva de alto el fuego duradero en el corto o mediano plazo, por lo que evalúa extender la protección. Paralelamente, analiza posibles restricciones para los hombres ucranianos sujetos al servicio militar. De este modo, la política migratoria suiza regresó a la agenda pública casi de inmediato, ahora en el contexto de la gestión de una crisis europea en curso.
El tercer frente se sitúa en Bruselas. En marzo, Suiza y la Comisión Europea firmaron el paquete denominado Bilaterales III, que representa una actualización integral de la relación bilateral e incluye libre circulación, transporte, electricidad, salud, seguridad alimentaria, programas europeos y normas de acceso al mercado. Para Suiza, ese vínculo no es lateral: la UE recibe el 50-55% de sus exportaciones y suministra alrededor del 70% de sus importaciones. Además, la libre circulación forma parte de los denominados Bilaterales I, vinculados por la “cláusula guillotina”, según la cual la caída de un acuerdo central puede afectar a los demás. Cuatro días después del referéndum, la Cámara Baja rechazó, por 96 votos contra 86 y nueve abstenciones, el acuerdo comercial entre la Asociación Europea de Libre Comercio y Mercosur, lo que evidencia que la apertura exterior también enfrenta divisiones en el Parlamento.
La fuerza de la iniciativa, sin embargo, no se explica únicamente por la relación con Bruselas. A finales de 2025, Suiza contaba con aproximadamente 9,1 millones de habitantes. Desde la entrada en vigor de la libre circulación con la Unión Europea, la población aumentó en cerca de 1,7 millones, principalmente debido a la inmigración vinculada al mercado laboral. En el debate público resurgió el término alemán Dichtestress, que alude al estrés generado por la densidad poblacional. Este concepto no solo se refiere al número de habitantes, sino también a la saturación de trenes, el aumento de los alquileres, la congestión de rutas y la creciente competencia por el territorio.
El análisis del voto reveló que esta percepción no se distribuye de manera uniforme en el país. La Suiza francófona rechazó la iniciativa de manera contundente: Neuchâtel registró un 67,3% de votos por el No, Ginebra un 65,4% y Vaud un 64,5%. El rechazo más significativo se observó en Basilea-Ciudad, con un 73,5%. Por el contrario, Appenzell Rodas Interiores, un pequeño cantón rural del noreste, apoyó la propuesta con un 65,9%. Esta diferencia entre grandes centros urbanos y cantones rurales o conservadores es notoria, aunque no permite atribuir el resultado a una única causa.
Este es el aspecto que el referéndum no logró resolver. Suiza rechazó una fórmula rígida para limitar su población, pero continúa enfrentando tres realidades en tensión: una economía estructuralmente dependiente de trabajadores extranjeros, una sociedad que percibe la densidad poblacional como una presión concreta sobre la vivienda, el transporte y la infraestructura, y un vínculo con la Unión Europea que no admite restricciones unilaterales a la libre circulación sin consecuencias sobre el conjunto de los acuerdos bilaterales.El control de la inmigración satisface la segunda demanda, pero compromete la primera y la tercera. Este triángulo, y no una propuesta específica del SVP, constituye el desafío que Suiza deberá seguir abordando en las urnas, en el Parlamento y en Bruselas.
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