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¿Por qué un apellido que domina la política peruana desde hace más de treinta años sigue generando tanto apoyo como rechazo? Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta del pasado 7 de junio frente a Roberto Sánchez, por un margen mínimo (apenas 49.641 votos, 50,14% contra 49,87%) tras un escrutinio que se extendió casi tres semanas y culminó el 29 de junio. Será la presidenta electa de Perú para el período 2026-2031 y asumirá el cargo el 28 de julio. Además, se convierte en la primera mujer elegida presidenta por voto popular en el país, Dina Boluarte había ocupado antes el cargo, entre 2022 y 2025, pero por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, no por elección directa.
¿Qué es el Fujimorismo?
El fujimorismo es un movimiento político surgido alrededor de la figura de Alberto Fujimori que, desde hace más de tres décadas, ocupa un lugar central en la política peruana. Defiende un Estado con liderazgo fuerte, una economía de libre mercado y una política de mano dura frente a la inseguridad y el terrorismo. Aunque nació con la presidencia de Fujimori en 1990, trascendió a su fundador y hoy continúa representado por su hija, Keiko Fujimori.
Su origen está ligado a una profunda crisis económica, política y social que atravesaba Perú a fines de los años 80. La victoria de Alberto Fujimori marcó el derrumbe de los partidos tradicionales y el surgimiento de una nueva fuerza política que canalizó el descontento de buena parte de la población. Desde entonces, el fujimorismo se convirtió en uno de los movimientos más influyentes y también más polarizantes del país. Para sus seguidores, simboliza estabilidad, crecimiento económico y la derrota de Sendero Luminoso; para sus detractores, representa el autoritarismo, el autogolpe de 1992, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.
Los abusos de Alberto Fujimori
Pero ese respaldo inicial convive con una historia de excesos que marcó para siempre al fujimorismo. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial en el llamado autogolpe, un episodio que consolidó su poder pero también sentó las bases de un estilo autoritario de gobernar. Años después, el escándalo de los “vladivideos” (que exhibió una red de corrupción orquestada desde el entorno presidencial) lo llevó a huir a Japón y a intentar renunciar por fax en 2000, en una salida que el propio Congreso rechazó destituyéndolo por incapacidad moral.
Extraditado desde Chile en 2007, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, además de recibir otras sentencias por peculado y corrupción. Ese peso judicial lo acompañó hasta el final: murió en septiembre de 2024, a los 86 años, en libertad gracias a un indulto humanitario tan disputado como su propio gobierno, sin haber sido sentenciado en procesos que todavía estaban abiertos. Es, en buena medida, ese legado de autoritarismo e impunidad el que explica por qué el fujimorismo nunca dejó de ser un movimiento profundamente controvertido.
Keiko, la heredera
Tras la muerte de su padre, Keiko Fujimori quedó como la única heredera visible de ese legado. Tras tres derrotas consecutivas en segunda vuelta (ante Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021) y más de 500 días bajo prisión preventiva por presunto lavado de activos en el financiamiento de sus campañas, logró en 2026, en su cuarto intento, lo que nunca antes había conseguido: llegar a la presidencia. El archivo del proceso judicial que la investigaba, ordenado en enero de este año, la liberó de la presión legal que había marcado sus candidaturas anteriores.
Para una parte del electorado, sin embargo, esa historia se lee de otra manera. Muchos peruanos (sobre todo quienes vivieron los años 90 como adultos) siguen asociando a Fujimori con el fin de la hiperinflación y la derrota militar de Sendero Luminoso, dos crisis que amenazaban con desintegrar al país. A ese recuerdo se suma, en el caso de Keiko Fujimori, una promesa que sigue vigente entre sectores urbanos y de clase media: mano dura frente a la inseguridad ciudadana, estabilidad macroeconómica y un ambiente favorable a la inversión privada. Para ese electorado, votar por el apellido Fujimori no es un acto de nostalgia autoritaria, sino una apuesta pragmática por el orden frente a lo que perciben como la amenaza de la inestabilidad.
Para otros, en cambio, el fujimorismo sigue siendo sinónimo de autoritarismo, corrupción e impunidad. Organismos de derechos humanos recuerdan que Alberto Fujimori murió sin haber sido sentenciado en procesos aún abiertos, como el caso Pativilca, lo que para las víctimas y sus familias significa una justicia incompleta. Ese rechazo transversal (el llamado “antivoto”) había sido, durante años, el techo invisible que impidió a Keiko Fujimori llegar a la presidencia en sus tres intentos anteriores.
Que esa barrera finalmente haya cedido dice tanto de Keiko como del propio Perú. Su victoria, por un margen de menos de 50 mil votos entre más de 18 millones de sufragios válidos, confirma que el país sigue profundamente dividido frente a ese legado, pero también demuestra que el fujimorismo es capaz de reinventarse y sobrevivir incluso a la muerte de su fundador.
Más que una elección entre candidatos, lo que se definió el 7 de junio fue, una vez más, una postura frente a un apellido que marcó la historia reciente del Perú. Con Alberto Fujimori ya sin vida, su hija asume el poder que él nunca terminó de ejercer en paz, y lo hace en un país que (a juzgar por el resultado) sigue sin terminar de decidir qué significa, en definitiva, el fujimorismo.
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