Durante las últimas horas se viralizaron imagenes que muestran a agentes del gobierno de Venezuela intentando restringir el acceso a las zonas más afectadas por los terremotos. Mientras las autoridades sostienen que las medidas buscan garantizar el orden y facilitar las labores de rescate, dirigentes opositores, organizaciones civiles y voluntarios denuncian que los nuevos controles están ralentizando la llegada de ayuda humanitaria y dificultando el rescate de personas atrapadas bajo los escombros durante las horas consideradas críticas para la supervivencia.
En este sentido, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la militarización de los accesos a las ciudades afectadas y pidió a la población abstenerse de desplazarse hacia el estado de La Guaira si no participa directamente en las tareas de emergencia. Paralelamente, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dispuso que todos los voluntarios deban registrarse previamente en el Poliedro de Caracas para obtener una credencial con código QR que les permita ingresar con la ayuda humanitaria a la zona de desastre. Según el Ejecutivo, la medida busca evitar congestiones, garantizar el paso de ambulancias y organizar el trabajo de los equipos de rescate.
“Sabemos que todos queremos ayudar, pero debe hacerse de manera ordenada, que no perturbe ni obstaculice las labores de rescate”, afirmó Rodríguez al justificar las restricciones. Cabello, por su parte, aseguró que el acceso a La Guaira quedará sujeto al cumplimiento de los protocolos establecidos por el Gobierno, argumentando razones logísticas, sanitarias y de seguridad. Las autoridades sostienen que la presencia masiva de particulares puede entorpecer las operaciones de búsqueda y rescate en una zona donde continúan produciéndose réplicas sísmicas y donde todavía existen cientos de edificios colapsados.
Críticas y protestas por el accionar del gobierno de Rodriguez ante la extrema situación que dejaron los terremotos en Venezuela
Sin embargo, la decisión provocó una inmediata reacción de sectores opositores y de organizaciones de la sociedad civil. La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, reclamó que los mecanismos de control “nunca deben convertirse en obstáculos para la atención de la emergencia”, mientras que dirigentes de Vente Venezuela denunciaron que las restricciones impiden el ingreso de alimentos, agua, medicamentos y equipos de rescate.
La tensión también se trasladó a las calles. En el Poliedro de Caracas se registraron protestas de voluntarios que aseguraban no haber podido completar el registro para ingresar a las zonas afectadas. Al mismo tiempo, distintos reportes señalaron que grupos de rescatistas lograron superar controles de seguridad en localidades como Tucacas y Morón para colaborar directamente en la búsqueda de sobrevivientes. Videos difundidos por periodistas y activistas muestran columnas de motorizados transportando alimentos, agua y suministros hacia la denominada “zona cero”, pese a las restricciones oficiales.
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