El presupuesto en defensa de los Estados lleva más de una década creciendo. Según el último informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), publicado en abril de 2026, la inversión global en materia militar alcanzó en 2025 la cifra récord de 2,887 billones de dólares, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento. A pesar de la expansión generalizada, 15 países concentraron el 80% del gasto total, con Estados Unidos, China y Rusia a la cabeza.
El surgimiento de nuevos conflictos y la reactivación de tensiones geopolíticas este 2026 sugieren que esa tendencia va a continuar. Según el Pentágono, la guerra en Irán le ha costado a Estados Unidos 29.000 millones de dólares, lo que ha derivado en pedidos formales de aumento presupuestario por parte de Daryl Caudle, el jefe de operaciones navales de Estados Unidos. Asimismo, países que durante décadas mantuvieron presupuestos de defensa reducidos han acelerado su inversión: Alemania, Francia y España figuran hoy entre los 15 países que más gastan en materia militar. Incluso Japón, cuyas leyes históricamente limitaron el uso ofensivo de sus fuerzas armadas, presentó esta semana en el marco del Diálogo de Shangri-La la reactivación de ejercicios navales conjuntos con Corea del Sur y el lanzamiento de un programa bilateral con Estados Unidos para la producción de misiles.
Más allá del rearme convencional, la irrupción de la inteligencia artificial y la proliferación de los drones han redireccionado parte del presupuesto en defensa hacia la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. El ejemplo más claro es el paquete de seguridad nacional de 1,5 billones de dólares propuesto por la administración Trump para 2027. Dentro de ese paquete, se destinan 54.600 millones de dólares al Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG), un aumento del 24.000% respecto a su presupuesto de 2026. El organismo fue creado para el desarrollo de sistemas no tripulados y armas basadas en inteligencia artificial, operando en contacto directo con empresas tecnológicas privadas. Complementa ese esfuerzo el programa “Drone Dominance”, orientado a la producción a escala industrial de drones autodirigidos.
Ante la magnitud de estas cifras, la pregunta que aparece es si el rearme global puede impulsar un desarrollo económico más amplio. No sería la primera vez que las innovaciones militares derivan en tecnologías civiles, industrias y empleo. En este sentido, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) fue precursora del GPS e impulsó el nacimiento de internet, productos creados con fines militares que terminaron transformando la economía. En esta misma línea, Corea del Sur representa un caso exitoso de industrialización liderada por el sector de defensa, donde industrias como la automotriz están ampliamente entrelazadas con la industria militar. Esto ha permitido que Corea del Sur figure entre los mayores exportadores de armas del mundo, con sus principales empresas de defensa aumentando sus ingresos de forma sostenida.
Ante este panorama, el Fondo Monetario Internacional advierte que los conflictos bélicos pueden generar pérdidas económicas superiores a las de las catástrofes naturales y que el gasto en defensa puede debilitar las cuentas públicas, especialmente si se destina a importar armamento en lugar de producirlo localmente. Mantener este esfuerzo en el mediano y largo plazo, además, plantea un problema político. Como señala el Council on Foreign Relations, existe una contradicción entre aumentar el presupuesto en defensa sin recortar gastos en otras áreas de la economía o sin subir impuestos, lo que podría llevar a un mayor endeudamiento y una mayor vulnerabilidad financiera.
A esto se suma una novedad en los países occidentales. A diferencia de otros periodos, donde el Estado financiaba la innovación que luego activaba la economía civil, hoy son empresas como SpaceX o Palantir las que proveen tecnología de punta a los ejércitos. La contracara de este nuevo modelo es China, país que ha implementado una fusión civil-militar como estrategia nacional desde 2015, siendo el Estado el que dirige activamente la incorporación de empresas privadas y universidades al sistema de defensa.
La situación geopolítica actual parece anticipar que la inversión en defensa seguirá creciendo. La evidencia histórica muestra que los grandes ciclos de rearme pueden generar desarrollo tecnológico y capacidad industrial, pero también deuda y fragilidad financiera. En definitiva, el desenlace del ciclo actual dependerá menos de cuántos recursos se destinen a la defensa y más de cómo y dónde se asignen.
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